El día 9 de enero de 2013, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Alférez, del Congreso de Aguascalientes, presidente de la Comisión de la Familia y vocal de la Comisión de Juventud y la Comisión de Equidad y Género, presentó una propuesta de reforma al artículo 2° Constitucional del estado, en el que se considera que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; el individuo desde el momento que sea concebido estará bajo la protección de la ley”.
Esta iniciativa pretende otorgarle el derecho a la vida al producto de la concepción y dotarlo de personalidad jurídica, lo que implica equiparar a un óvulo fecundado con una persona nacida.
Esta iniciativa de reforma se asemeja a las ya aprobadas en 16 estados de la República tras la despenalización del aborto en el Distrito Federal con la intención de blindar las constituciones locales de posibles procesos de despenalización.
Una protección absoluta de la vida en gestación y dotar de personalidad jurídica a un embrión, atentan los derechos humanos de las mujeres contenidos tanto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución en su artículo 4° y diversos tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), garantizan la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a vivir libres de discriminación y en condiciones de igualdad.
Este tipo de reformas lejos de proteger la vida en gestación como un bien jurídico, tienen la intención de limitar aún más el acceso a los servicios de aborto y crean una incertidumbre jurídica en los profesionales de salud y de procuración de justicia, a pesar que las causales legales de aborto no se anulan automáticamente con estas reformas. (GIRE, 2011). Es decir, en los estados en los que se han aprobado estas reformas, a pesar que las causales legales para interrumpir un embarazo siguen vigentes, parece que existe un menor acceso y una mayor criminalización de mujeres por abortar.
La vida en gestación debe protegerse pero de forma que sea compatible con los derechos humanos de las mujeres. No puede pretenderse tratar al embrión como un ente separado de la mujer y borrar de tajo todos los derechos que éstas tienen de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. No se puede pretender colocar a las mujeres en el papel de “incubadoras” dejando en segundo plano su propia vida y autodeterminación.
México es un país laico y no deben sustentarse reformas basadas en posturas ideológicas o religiosas. Las reformas deben responder a los imperativos de salud pública, justicia social y derechos humanos.
Aunque el diputado ha argumentado que 93 por ciento de los habitantes del estado son católicos y por ende quienes profesan esa religión están en contra de la interrupción del embarazo, las cifras que otras encuestas nacionales y reconocidas arrojan, revierten tal silogismo:
De la Encuesta Nacional de la Juventud 2010:
· De 113 mil jóvenes encuestadas en esa entidad, 13.6 por ciento respondió haber interrumpido su embarazo alguna vez.
· 81.4 por ciento de las y los jóvenes en Aguascalientes están de acuerdo con que las mujeres tienen derecho a decidir, cuando y cuántos hijos tener.
· 52 por ciento de las y los jóvenes que dicen estar o haber estado embarazadas o haber embarazado a alguien tenían menos de 19 años de edad.
· 15 mil jóvenes dicen haber abandonado sus estudios por maternidad/paternidad o unión temprana.
Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010:
· Es la tercera entidad del país con mayor número de madres adolescentes.
Es por todo lo anterior que los diputados de la LXI legislatura del Congreso de la entidad no deben permitir que una reforma de esta índole tenga cabida en el seno de una institución que debe vigilar el avance democrático y ejercicio de los derechos de las mujeres de Aguascalientes.
Escrito por:
Ximena Andión - Directora del Instituto "Simone de Beauvoir" Liderazgo y Formación (@ximena_andion) y Nancy Mejía, activista y Coordinadora de la organización “RDfine México” (@nancyomega)
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