sábado, 28 de mayo de 2011

Denuncian escasez de fórmula materna en Capasits de Veracruz

  • 150 niños con madres vih postivas requieren de la leche
  • Mario Alberto Reyes-enviado
    Veracruz, Veracruz, mayo 23 de 2011.
    El desabasto de fórmula materna para bebés cuyas madres viven con VIH es uno de los principales problemas reportados en los Centros Ambulatorios de Atención y Prevención en VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Veracruz, señaló en entrevista, Patricia Ponce, integrante del Grupo Multifactorial VIH/sida de Veracruz.
    De acuerdo a cifras proporcionadas por la también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social unidad Golfo, aproximadamente 150 niños en toda la entidad requieren de la leche, y desde hace seis meses los cinco Capasits del estado no la proporcionan
    Ponce estimó que en Veracruz se requieren alrededor de cuatro mil latas de fórmula materna de distintas etapas al mes; mil 150 latas de leche NAN etapa 1, mil 74 de la etapa 2 y 800 de la etapa 3, sin tomar en cuenta las que se consumen en el hospital regional de Poza Rica, que se negó a proporcionar las cifras al respecto.
    La antropóloga social mencionó que en una reunión sostenida con funcionarios locales el pasado 4 de mayo, se reconoció que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida e ITS (Censida) no cubre con los abastos en tiempo y forma (de los medicamenros antirretrovirales), además de que el gobierno estatal no ha comprado desde abril de 2010 fórmula materna.
    La titular del proyecto de investigación “VIH y pueblos indios en áreas fronterizas en México”, advirtió que este es un problema delicado, ya que muchas de las personas que se atienden en los Capasits no cuentan con los recursos económicos para comprar sus medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento.
    Añadió que se corre un grave peligro de que estas madres den pecho a sus hijos, y por tanto, estos bebés se infecten de VIH/sida.
    Así, Ponce indicó que durante la reunión con funcionarios del sector salud, estos se comprometieron a subsanar el desabasto en un mes.
    Mientras tanto, el Grupo Multisectorial y la Red de Mujeres Comunicadoras “Las Muchas” convocan a la sociedad en general a donar latas de fórmula materna para ser entregadas a estas madres. Los centros de acopio son Ciesas-Golfo, ubicado en la avenida Encanto, esquina con Lázaro Cárdenas y en el cubículo de la doctora Estela Casados, en la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa.

    Morelia, ciudad diversa*

    Gerardo Andrés Herrera Pérez
    Morelia, Michoacán, mayo 23 de 2011.
    Hoy, en el corazón del Centro Histórico de Morelia, convocados a través de los medios electrónicos de comunicación por el Grupo Flashmob Morelia, un grupo de personas jóvenes y maduras, asistieron para participar en la Plaza Melchor Ocampo, en una acción inusual, por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual.
    Ahí pudimos observar la participación de al menos 75 personas, entre ellos, jóvenes estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, de miembros de organizaciones de la sociedad civil como Osos Michoacanos, Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, entre otras noveles organizaciones, como Diversidad Alternativa Morelia, el Equipo de Futbol Diversidad Morelia, entre otros.
    La idea original es de Grupo Flashmob Morelia, quien por cuarta ocasión convocó a las y los jóvenes morelianos en un intento por visualizar a partir de un ejercicio de congelamiento de cuerpos por espacio de cinco minutos, el tema de la diversidad sexual y su existencia en los espacios públicos del Centro Histórico de Morelia; esta acción ha sido apoyada por diversas organizaciones que piensan que debe haber mayor involucramiento de las y los jóvenes en la construcción de espacios para la inclusión y la pluralidad sexual.
    Las expresiones y las formas congeladas de los cuerpos nos hacen repensar en la importancia de hacer y de compartir el espacio público a partir de reconocer la diversidad social y sexual, así como la importancia de construir ambientes plurales, respetuosos y de reconocimiento de la dignidad humana de cada integrante de la sociedad moreliana.
    El ejercicio artístico fue construido en el marco del respeto al diferente y el cuidado de mandar un mensaje a las y los morelianos para la inclusión y la pluralidad.
    Continuamos considerando que estos ejercicios plurales pueden hacer replantearnos nuevos paradigmas sociales que a partir de utilizar las tecnologías de comunicación logren movilizar a decenas de personas para un objetivo, como promover la paz, la tolerancia y el respeto, la cultura del respeto a los derechos humanos, la no discriminación, por una cultura de la igualdad, en fin por todo aquello que permita fortalecer y vigorizar escenarios de mejoría para la sociedad civil.
    Finalmente, agradecemos a los miembros del Grupo Flashmob Morelia su aporte en el marco del Día Nacional de la Tolerancia y Respeto a la Diferencia, así como el que nos permita confirmar que Morelia es una ciudad diversa social.
    *Texto elaborado por Gerardo Andrés Herrera Pérez, presidente de Grupo Facto Diversidad de Michoacán, con motivo del 17 de mayo Día Nacional de la Tolerancia y Respeto a la Diferencia.

    Una de cada tres muertes femeninas se debe a enfermedades del corazón

    Una de cada tres muertes femeninas se debe a enfermedades del corazón

    Factores de riesgo son sedentarismo, sobrepeso, mala alimentación y abuso de alcohol y tabaco

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    Integrantes del grupo Pacto por la Vida realizaron ayer un performance frente a la Secretaría de Salud, para exigir respeto a los derechos de las mujeresFoto José Antonio López
    Ángeles Cruz Martínez
    Periódico La Jornada
    Sábado 28 de mayo de 2011, p. 34

    Una de cada tres muertes de mujeres en México se debe a enfermedades del corazón (infartos), problema desatendido pero creciente que afecta, incluso, a personas jóvenes. Rafael Schuchleib, presidente de la Fundación Interamericana del Corazón, advirtió que aunque la mayoría de los males cardiacos están asociados con adultos mayores, ya se reportan casos de pacientes de 45 a 50 años de edad.

    En vísperas del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra hoy (sábado 28), el especialista señaló que autoridades y sociedad en su conjunto tendrían que ocuparse en frenar la tendencia al alza que se reporta en la mortalidad femenina por esta causa.

    Llamó la atención sobre el hecho de que las afecciones cardiacas forman parte del conjunto de enfermedades crónico-degenerativas, las cuales representan 80 por ciento de la morbilidad nacional. Resaltó que los principales factores de riesgo son los estilos de vida donde predominan sedentarismo, sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimenticios y adicciones al tabaco y el alcohol, entre otros.

    Pareciera que el problema es inexistente; sin embargo, las mujeres, a partir de los 45 años de edad están en riesgo de morir a causa de un infarto al miocardio o alguna otra afección de este órgano, advirtió el médico.

    Las estadísticas así lo demuestran, pues aunque la diabetes es la principal causa de mortalidad en la población general, entre las mujeres representa 16.8 por ciento del total, mientras en los hombres ocupa 11.1 por ciento de los decesos.

    Al abundar sobre la complejidad del problema de los males cardiacos, explicó que 80 por ciento de los individuos que fallecen por diabetes también tienen alguna afectación del miocardio.

    En entrevista, Schuchleib reconoció que existen otros padecimientos graves como los tumores malignos de mama y cérvico-uterino que han tenido la atención del gobierno federal con programas nacionales y presupuestos para frenar la mortalidad por estas causas, las cuales representan menos de 4 por ciento del total. Es importante porque son enfermedades que afectan a la población en edad reproductiva, generalmente mujeres con hijos que todavía las necesitan.

    Sin embargo, también debe prestarse atención a las enfermedades del corazón. Casi siempre “nos damos cuenta porque a algún conocido (hombre o mujer) ‘de repente’ le dio un infarto y se murió”. Lo que en realidad ocurre es que cuando se presentan estas situaciones ya han transcurrido entre 30 y 40 años en que la persona ha estado expuesta a los factores de riesgo mencionados.

    En el caso de las mujeres, la problemática se acentúa a partir de la menopausia. Con la disminución de estrógenos también baja la protección vascular, y esto a su vez favorece el riesgo cardiovascular. A esto se agrega el incremento de peso corporal y la falta de actividad física, que empeora el panorama.

    Con Motivo del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la Fundación Interamericana del Corazón iniciará una campaña en medios de comunicación para advertir a la sociedad sobre esta situación y, sobre todo, hacer conciencia entre las mujeres para que cuiden su salud, acudan al médico para una revisión de sus niveles de azúcar, colesterol, presión arterial, entre otros, y principalmente, eviten los factores de riesgo.

    Schuchleib reconoció que la problemática es compleja si se toma en cuenta que 70 por ciento de las mujeres adultas tienen sobrepeso y obesidad, que el país es el principal consumidor de refrescos y el consumo de sal es tres veces más de lo que se recomienda para proteger la salud.

    Detalló que lo ideal es consumir cuatro a cinco gramos de sodio al día, pero los mexicanos ingieren alrededor de 12 gramos, por los embutidos (jamón, salchicha) y alimentos procesados (chatarra). Para ello se requiere que las mismas personas se responsabilicen de su salud, apuntó

    Plantón por los derechos de las mujeres

    Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres realizaron un plantón frente a la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir a las autoridades que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

    En particular, insistieron en la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento del precepto constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a decidir libremente sobre el número de hijos y su espaciamiento.

    Y es que, recordaron, los hospitales federales ubicados en la capital del país carecen de servicios de aborto para las mujeres embarazadas que lo soliciten hasta la semana 12 de gestación, como lo prevé el Código Penal local.

    La protesta se realizó como parte de las actividades por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se celebra este sábado. La activista Martha Juárez también señaló la necesidad de que el gobierno calderonista respete el carácter laico del Estado y se evite la intervención de la Iglesia en los asuntos de las políticas públicas.

    Es inaceptable, dijo, que la jerarquía de la Iglesia católica insista en imponer sus valores morales y religiosos a todos los ciudadanos.

    La celebración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres se inició en 1987. Durante el quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud, realizado en Costa Rica, las participantes hicieron la propuesta que ahí mismo fue aceptada. La fecha además coincide con otros acontecimientos encabezados también por mujeres en otros años y países.

    Ayer Martha Juárez subrayó que la salud es un derecho humano de las mujeres, al que todas debemos acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a lo largo de cada etapa de nuestra vida

    Pareja, agresor de mujeres en 70% de casos

    En el primer trimestre de este año fueron agredidas 3 mil 500 mujeres, según cifras del gobierno capitalino, en 70 por ciento de los casos, por su pareja, aseguró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas.

    En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la diputada de PRD detalló que en 85 por ciento de los casos reportados la violencia fue física y el agresor utilizó algún objeto, armas punzocortantes o inclusive, de fuego.

    Las agresiones, en varios casos, fueron de varios tipos, por lo que las cifras muestran que 59 por ciento de la mujeres reportó jalones, 51 por ciento empujones, 44 por ciento cachetadas, 30 por ciento recibió patadas y 28 por ciento, puñetazos.

    Ante este panorama, indicó que es necesario visibilizar y aceptar la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública, pues está comprobado que desemboca en una salud precaria, tanto física como psicológica

    Acumula secretario de juzgado más de $432 millones en siete años

    Ingresa Esiquio Martínez al Reclusorio Norte

    En tan sólo una transacción recibió 50 mdp, revela la PGR

    Laboró con el juez del caso El Encino, ligado a López Obrador

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    Los integrantes del Consejo de la Judicatura, Jorge Efraín Moreno y Daniel Francisco Cabeza de Vaca, durante la conferencia de prensa en la que afirmaron que el caso de Esiquio Martínez Hernández es una situación aisladaFoto Guillermo Sologuren
    Gustavo Castillo García
    Periódico La Jornada
    Sábado 28 de mayo de 2011, p. 2

    La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, al detectar movimientos financieros en una sola de sus cuentas bancarias por 432 millones 536 mil 378 pesos, y en la cual se llegaron a recibir hasta 50 millones de pesos en efectivo en una sola transacción.

    Martínez Fernández quedó a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México y podría ser hasta el lunes cuando se le decrete auto de libertad o formal prisión. En tanto permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

    El caso fue revelado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge Efraín Moreno Collado, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que afirmaron durante una conferencia de prensa que se trata de un asunto aislado e indignante que mancha el buen nombre de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y el prestigio ganado.

    Las operaciones millonarias que se realizaban en las cuentas de Martínez Hernández, quien tenía su oficina en el bulevar Adolfo López Mateos (Periférico Sur) 1950, en la colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien a su vez advirtió del asunto al Consejo de la Judicatura Federal.

    De esa manera, el 28 de enero de este año el órgano del PJF presentó una denuncia de hechos ante la PGR al detectarse que en años recientes (de 2003 a 2010) obtuvo y registró ingresos y egresos superiores a sus percepciones como servidor público.

    En el lapso antes mencionado, Esiquio Hernández ganó oficialmente 5 millones 444 mil 814 pesos, luego de los descuentos de ley, y eso declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de presentar sus declaraciones patrimoniales. Al mes obtenía como salario 45 mil pesos en promedio.

    Sin embargo, las autoridades elaboraron un dictamen contable de sus cuentas bancarias y en una de ellas registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos.

    De acuerdo con información obtenida en el Poder Judicial, los peritajes realizados por Hacienda y el Ministerio Público Federal detectaron que especialmente en los últimos seis meses de 2010, el secretario de acuerdos del juez Álvaro Tovilla León realizaba al menos tres movimientos financieros al día. Sacaba de una cuenta, movía los recursos de sus inversiones, contrataba nuevos plazos enviaba dinero a otras cuentas y luego le depositaban en efectivo cantidades que superaban los 10 millones de pesos.

    Los depósitos a las cuentas del funcionario judicial no sólo se realizaron en sucursales bancarias del Distrito Federal, también se hicieron en Morelos, Tlaxcala y algunas más alejadas del centro del país, revelaron funcionarios del CJF y de la PGR.

    La investigación corrió a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y tras obtener las pruebas documentales necesarias la PGR solicitó una orden de aprehensión al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

    El viernes el mandamiento judicial fue librado y de inmediato agentes de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI) montaron un operativo de vigilancia, y antes de que ingresara a sus oficinas fue detenido y llevado ante el juez que emitió la orden de captura.

    Horas más tarde, al filo de las 14:30, los consejeros de la Judicatura señalaron que este es un caso aislado y que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se rigen por una conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.

    El caso de Esiquio Martínez obligó al CJF a emitir un acuerdo los primeros días de abril para que los ingresos y patrimonio de todos los integrantes del PJF sean fiscalizados, esto incluye la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, para evitar, prevenir y detectar otros actos de corrupción.

    El de Esiquio Martínez se ha convertido en el caso más importante de corrupción en años recientes dentro del PJF, y por ello la indagatoria que llevó a su captura sigue en curso y se investiga a otros funcionarios del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, incluido el juez Álvaro Tovilla.

    Con anuencia del juez, el 4 de octubre de 2007, dentro del expediente 1267/2007 Esiquio Martínez Hernández en su calidad de secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, concedió autorización al casino Paradise, que operaba en la ciudad de Monterrey, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y del cual supuestamente existía una sucursal en el Distrito Federal.

    Álvaro Tovilla, con quien laboraba Esiquio Martínez, ha tenido casos controversiales, entre ellos el caso El Encino, que dio origen al juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004. En marzo pasado, fue el único juzgador que concedió un amparo al Grupo Iusacell en contra de la llamada licitación 21. Sin embargo la resolución fue revocada por el 17 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

    También en marzo de este año, el juez Tovilla León concedió una suspensión al grupo Corporativo Pedregal Hispamex, empresa encargada de la construcción de la llamada Torre Pedregal, en la colonia Lomas de Chapultepec, y con su resolución impidió clausuras a la obra

    Garantizar educación, única opción contra el crimen: ONG y Unesco

    Representantes de grupos civiles y de la Organización de Naciones Unidas pidieron a los gobiernos garantizar condiciones adecuadas –en calidad y cantidad– de servicios educativos, como única alternativa para evitar que cada día más jóvenes se conviertan en blanco fácil de la delincuencia y las adicciones.

    En tanto, activistas del norte del país señalaron que en lugar de reconstruir el tejido social mediante la educación, el gobierno ha sido negligente en la creación de alternativas escolares para este sector de la población.

    La víspera, alcaldes de la zona norte de México admitieron que los muchachos truncan sus estudios por falta de preparatorias, situación que los pone en el blanco del crimen organizado. Presidentes municipales calculan que hasta 80 por ciento de los adolescentes padecen el abandono de las autoridades en este renglón.

    Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, rechazó el diagnóstico de las autoridades locales: esas cifras no coinciden bajo ninguna circunstancia con las nuestras.

    Dijo que este año la SEP cuenta con un presupuesto importante para la construcción de nuevas preparatorias. Estamos analizando dónde vamos a colocar, estratégicamente, las nuevas preparatorias para dar más espacio a los jóvenes donde más se requieren, expresó.

    Arne Carlsen, director electo del Instituto de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, señaló que atender la demanda de educación de los jóvenes debe ser prioridad para cualquier país, frente a fuerzas poderosas, como la violencia.

    Dijo que la formación de jóvenes y adultos es una de las respuestas para ir contra la violencia, pero son necesarias otras medidas, como valores en la familia, contar con condiciones económicas para sobrevivir y tener perspectivas de empleo digno, entre otras.

    Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la Unesco, indicó que debe invertirse más en cobertura en zonas difíciles, pero advirtió que no sólo se trata de poner más plata al problema, sino hacerlo de forma astuta e inteligente.

    Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) –con sede en Monterrey, Nuevo León–, recordó que hace apenas dos años la preocupación respecto a los jóvenes era que no había lugares suficientes para que continuaran estudiando, a lo que actualmente se suma el hecho de que buena cantidad de ellos ya ni siquiera hacen el intento de matricularse.

    Ahora, a muchos los desaparecen o se incorporan en la delincuencia organizada. Empiezan de forma muy sutil, vendiéndole droga a sus amigos, y luego terminan involucrados en esa estructura, muchas veces con la complicidad de las autoridades, deploró.

    Blanca Mesina, activista de derechos humanos asentada en Tijuana, Baja California, confirmó que en esa ciudad las escuelas públicas son escasas, y no pueden cubrir la enorme demanda que generan las ciudades fronterizas.

    En tanto, los diputados Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron que el incremento en el número de jóvenes que carecen de oportunidades para trabajar y estudiar no podrá frenarse si la administración federal se obstina en enfrentar las consecuencia de la pobreza, de un pésimo sistema educativo

    Líder de los jesuitas llama a cambiar estrategia contra el crimen

    En ningún país la militarización ha sido alternativa, aseguró Carlos Morfín Otero, superior provincial de la Compañía de Jesús en México, quien sostuvo que la estrategia de combate al crimen organizado que lleva a cabo el gobierno federal debe ser modificada, porque la situación no ha mejorado: por el contrario, las cosas han ido empeorando; 40 mil muertos nos dicen todo.

    En entrevista con La Jornada, el jesuita señaló que la Provincia Mexicana de la compañía considera que ante la situación de violencia que prevalece y el clamor de diversos sectores que piden cambios en la política de seguridad, el gobierno federal tendría que escuchar a las voces disidentes.

    Lo que hace falta es apertura; escuchar a las voces disidentes de estas estrategias y políticas; al gobierno federal le hace falta mayor imaginación y creatividad para encontrar otras alternativas que realmente resuelvan de fondo el problema de este país, porque la alternativa nunca ha sido la militarización en ningún país: la alternativa se ha encontrado por la vía de la educación, de restablecer el tejido social, no al fracturarlo o romperlo.

    Morfín Otero descartó que en las actuales circunstancias la terquedad lleve a algún lado y sostuvo que en este sentido los integrantes de su organización nos sumamos a esta indignación y preocupación

    Triquis piden a la CIDH que les otorgue medidas cautelares

    Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

    La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

    La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

    La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

    En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

    Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta

    Premian en Berlín a ONG por su defensa de las garantías individuales

    El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió ayer, en Berlín, en manos de su director el antropólogo Abel Barrera, el sexto Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), como reconocimiento a su trabajo en defensa de las garantías individuales, particularmente sobre la investigación de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército.

    La ceremonia, realizada en la Casa de las Culturas del Mundo, contó con la participación del presidente alemán, Christian Wulff, y el secretario general de AI, Salil Shetty, quienes manifestaron su preocupación por el estado de los derechos humanos en México.

    En entrevista telefónica desde la capital alemana, Barrera explicó que, en su mensaje de agradecimiento, hizo una mención especial al caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cuya agresión sexual a manos de soldados, en 2002, motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, sin que éste haya cumplido aún con dicha resolución.

    Demandamos que el caso de Inés y Valentina sea turnado al fuero civil en vez de al militar, y advertimos sobre la situación de violencia en México y la falta de atención a las exigencias de la sociedad. También pedimos que se respetaran los derechos humanos, como el de la vida y la seguridad, y que se castigue a los responsables de esta guerra, afirmó.

    La entrega de este reconocimiento puede ayudar a que en Europa y otras latitudes se ponga atención de nuevo a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, y a que el gobierno incorpore de verdad este tema a su agenda política, en vez de simular que lo hace, dijo

    En Cherán "nos cansamos de agachar la cabeza"

    Cherán, Mich., 27 de mayo. Ante la indiferencia y/o complicidad del gobierno, cerca de 20 mil comuneros se organizan desde hace 42 días contra los talamontes, que son apoyados por bandas del crimen organizado. Rondines de vigilancia, barricadas con costales de arena, troncos y piedras en todos los accesos y 179 fogatas permanentes en los cuatro barrios, permanecen desde el pasado 15 de abril.

    Desde esa fecha la población se armó con palos, piedras, machetes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y hasta del gobierno, que no ha hecho nada para pararlos, señala uno de los miles de comuneros que se mantienen en guardia en la barricada que cubre el camino a Paracho.

    Lejos de su cotidianidad, los hombres, mujeres, niños y ancianos de este poblado de la meseta purépecha viven en tensión permanente alrededor de las barricadas, cuidando los accesos para que no entre ningún desconocido. La madrugada de ayer llegó el aviso de que hombres armados en una decena de camionetas se estaban preparando en Paracho. La alerta resultó falsa, pero los rondines se reforzaron, por si acaso.

    A las dos de la mañana uno de los vigilantes asegura: aunque no dormimos, no perdemos la fuerza. El gobierno tiene que atender nuestras exigencias: seguridad y justicia, fin de la devastación y castigo a los culpables para que vivamos en paz.

    La respuesta gubernamental no ha llegado, mientras el hostigamiento y las amenazas se han recrudecido. El pasado 22 de mayo “fue levantado en Paracho el comunero Miguel Ángel Gembe. Tres días después pudo escapar de milagro y regresó a la comunidad visiblemente golpeado. Se confirmó entonces la sospecha de que su secuestro se debió a su participación en las actuales movilizaciones, pues relató que sus captores lo interrogaron sobre los nombres de quienes encabezan el movimiento, advirtiéndole que todos están en la lista. Ante esto, los comuneros responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a Miguel Ángel y al resto de la población.

    Todo empezó el pasado 15 de abril, cuando un hecho colmó su paciencia: Los talamontes se metieron en el ojo de agua de La Cofradía, que abastece a toda la comunidad. Un grupo de comuneros los enfrentamos y los sacamos y desde entonces exigimos justicia, señala otro de los indígenas de Cherán. Ninguno dice su nombre ni muestra su rostro, como medida de seguridad ante las amenazas permanentes.

    En este poblado, dice otro de los entrevistados, “se juntan todas las injusticias, la impunidad, la complicidad del crimen organizado con los gobiernos, la indiferencia y la burla de las autoridades, la ambición de los poderosos… Y también la organización del pueblo, que ya está fastidiado, la defensa del territorio, la unión de las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos, todos juntos para detener la tala de nuestros montes, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones. Aquí también estamos hasta la madre y ya nos pusimos en acción para defendernos solos y hacer lo que el gobierno no quiere”.

    A una de las fogatas del barrio de abajo (ketzikua) se acerca un grupo de mujeres de la comunidad vecina de Cheranastico. En purépecha se comunica con las mujeres que hacen guardia y preparan enormes cazuelas de café, frijoles y papas con huevo. Hablan entre ellas y después una traduce: “Ella dice que en su pueblo también están sufriendo, que les están cortando los bosques, que tienen mucho miedo. Asegura –continúa la traductora– que en su comunidad ya no pueden ir a la siembra ni sacar a sus animalitos porque se los roban. Dice que no son libres”.

    Las mujeres, como en todas las luchas populares, toman un lugar preponderante. Son fuertes y aunque se confiesan cansadas, hacen guardias y la comida; organizan la limpieza, el abastecimiento y las tareas cotidianas. De pelo blanco, rebozo azul y manos curtidas, una de ellas responde a sus angustiadas vecinas que no deben tener miedo, que se organicen como en Cherán, que sólo así se acaba la injusticia.

    Aquí están unidos, responde la señora de edad de avanzada de Cheranastico, pero mi pueblo no ha tenido valor porque es chiquito y ellos, los malos, son hartos y están armados.

    Aquí, dice otra mujer en una de las fogatas del barrio Paricutín, lo que queremos es paz y libertad. Si no defendemos nuestros bosques, ni una leña les vamos a dejar a nuestros hijitos; nada les va a quedar.

    La resistencia contra la tala clandestina, aunque dispersa, se inició en 2008, cuando se acrecentó la devastación en el cerro Pacuacaracua. Hasta el momento, denuncian, se ha destruido en forma total más de 80 por ciento del bosque (más de 15 mil hectáreas) en acciones acompañadas con la siembra del miedo, pues los taladores, procedentes de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, asolan la comunidad con armas de grueso calibre.

    Antes del levantamiento, aseguran, se tocaron todas las puertas institucionales: Fuimos a la Profepa, a la Semarnat, a todos lados y nadie nos hizo caso. También hicimos las denuncias de secuestros, extorsiones y amenazas y tampoco investigaron nada. Por eso nos colmaron la paciencia. Nos cansamos de agachar la cabeza, pues nomás veíamos pasar los cientos de camiones cargados de nuestros árboles y no decíamos nada por puro miedo. Pero ya no.

    Cherán cuenta con 27 mil hectáreas de territorio comunal, dentro de las cuales 20 mil son boscosas; de éstas han sido incendiadas y taladas (totalmente destruidas) más de 80 por ciento, y el otro 20 por ciento también ha sido talado, pero aún no ha sido incendiado.

    Un recorrido por el cerro San Miguel permite ver la zona devastada. Cientos de troncos yacen en los caminos. Es que los talamontes sólo se llevan el grueso de abajo, lo demás lo dejan aquí tirado, explica uno de los integrantes de la ronda tradicional, quien ahora se encarga de la vigilancia.

    Los accesos a los bosques también se mantienen bajo resguardo. Troncos y costales de arena impiden el paso a los camiones, aunque, dicen, siguen entrando por otros lados, porque no quieren dejar este negocio que les deja mucho dinero. ¿Cuánto? Pues nada más haga cuentas. La delincuencia organizada cobra a cada camión mil pesos por protección. Salían como 180 camiones diarios cargados de madera, lo que les generaba 180 mil pesos tan sólo por protección.

    El gran negocio, explican, “lo encabeza un señor conocido como El Güero. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para que puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara”.

    En estas seis semanas la vida de la comunidad ha cambiado por completo: El presidente municipal ya no despacha en el palacio de gobierno y las instalaciones están prácticamente en manos de los comuneros. No hay clases en las primarias y secundarias, ni en el Colegio de Bachilleres ni en la Universidad Pedagógica. Se instaló la ley seca y no pueden ingerir ni vender bebidas alcohólicas; el tránsito vehicular termina a las ocho de la noche y las 24 horas se mantiene la vigilancia en toda la cabecera municipal.

    Al mismo tiempo, los jóvenes han tomado la batuta en los quehaceres de limpieza y han organizado una comisión de buena imagen, que en estos días está aseando las calles con pinturas donadas por los comerciantes. También se organizan brigadas de limpieza general en las que participa toda la población, y en las calles, patios o bajo un techo de plástico los maestros de la comunidad han organizado las clases.

    En uno de estos salones improvisados, Arly, de siete años, dice: Las fogatas son para que no entren los malos que se están llevando nuestros árboles. Sin árboles no vamos a tener agua y por eso están las fogatas, para que ya no se lleven el bosque. Y también, agrega Karen, de 11 años, nos organizamos para que no vengan a matarnos. Ahorita ellos tienen su coraje porque ya no entran; entonces están más enojados y por eso hay que cuidarnos.

    Hasta el momento se han organizado por cada barrio comisiones de seguridad, limpieza, buena imagen, salud, educación, acopio de víveres, de producción agrícola y prensa. Con todo esto, explica un comunero, se está ejerciendo, en los hechos, la organización tradicional del pueblo.

    Mientras, la respuesta del gobierno no llega. Han acudido al estatal y al federal. En la Secretaría de Gobernación, señalan, nos piden que primero nos desmovilicemos, que se desactive nuestra organización. Y no dan respuestas. Pensamos que no tienen capacidad para enfrentar al verdadero crimen organizado. Nosotros ya les dimos nombres y lugares donde se encuentran, pero hasta el momento no hacen nada

    CARTONES DE LA JORNADA