Presentan nuevo medicamento que “cura” hepatitis C

Se trata de un coctel con una efectividad de 70 por ciento Leonardo Bastida Aguilar México DF, abril 04 de 2011. Con una efectividad de 70 por ciento “en la cura” de pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo, y en un 66 por ciento, en pacientes con tratamientos previos, pero sin éxito, científicos encabezados por Fred Poodard, Jefe del Departamento de Hepatología del Centro Médico de Los Ángeles Sinai-Cendars, lograron incrementar la efectividad de los tratamientos contra la enfermedad en más de 50 por ciento, tras el suministro de tres medicamentos, en lugar de dos, como es el método tradicional, explicaron en la última edición del New England Journal of Medicine. Rafael Esteban Mur, Jefe de Hepatología del Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España, explicó en videoconferencia, durante su participación en el Congreso Internacional de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, celebrado en Berlín, Alemania, que con el uso del boceprevir en los tratamientos, se logró reducir el tiempo de medicación a casi la mitad, es decir, de un año a entre seis y ocho meses. De acuerdo con el especialista, los resultados publicados en el New England Journal of Medicine, muestran quela combinación de boceprevir con interferon y ribavarina tiene una efectividad de entre 73 y 79 por ciento en la “cura” de la hepatitis, en contraste con 34 por ciento que se lograba mediante el suministro de interferon y ribavarina. El estudio, con el cual el fármaco aprobó la Fase III de investigación (es decir que ya se probó en humanos) se aplicó a mil 500 pacientes, afroamericanos y de raza blanca, diferenciados por su color de piel ante las complicaciones genéticas propias de su raza. El fármaco se probó en pacientes con el genotipo 1 del virus, el más común en Norteamérica y Europa occidental, con el fin de lograr una respuesta virológica sostenida, que permitirá al paciente tener un estatus de indetectable. De acuerdo con Esteban Mur, la inclusión del boceprevir en el esquema tradicional del tratamiento, produce un incremento tres veces mayor en la respuesta virológica sostenida, debido a que es un agente antiviral de acción directa, ya que al ser un inhibidor de la proteasa –molécula que impide la replicación de un virus en la célula- tiene acción directa sobre el virus de hepatitis C. Sobre los efectos adversos que podría provocar el fármaco, el investigador señaló que se puede incrementar el grado de anemia transitoria que padecen muchos pacientes con hepatitis C, pero esta se puede controlar con la disminución de las dosis. Otro padecimiento, añadió, es la alteración en la percepción del sabor de las cosas, situación que es transitoria durante el tratamiento. A su vez, el médico español indicó que debido a los altos índices de coinfecciones de VIH y hepatitis C, se ha comenzado a trabajar en estudios para demostrar que el uso de boceprevir no causaría modificaciones a los esquemas de antirretrovirales utilizados por personas con VIH. Por otra parte, reconoció que aún falta realizar las pruebas pediátricas y aprobar la Fase 4 (estudio más amplio de seguimiento a determinado grupo con el fin de experimentación para que el producto esté disponible en el mercado). Javier Báez-Villaseñor, gerente médico de Merck Sharp and Dome, en México, señaló que entre uno y dos por ciento del total de la población calculada en 112 millones de personas, es decir, cerca de dos millones de mexicanos padecen hepatitis C, la cual, es muy común que culmine en una hepatitis crónica o se desarrolle una falla hepática o cáncer hepático. Para el ex funcionario del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, lo más preocupante es que entre 65 y 70 por ciento de las personas que padece este mal, no lo sabe, debido a que es una enfermedad asintomática. Añadió que la aprobación de la Fase III de este proyecto representa “un gran avance” en el tratamiento del mal hepático, ya que hace 20 años, cuando se identificó al virus, se implementó un primer tratamiento con un éxito de 6 por ciento, y hoy en día podemos hablar de un 70 por ciento en los genotipos 1 y 4, y de un 90 por ciento, en los genotipos 2 y 3. Recalcó que lo más importante es concientizar a la población de que la hepatitis C “es un mal curable”. La hepatitis C La hepatitis C es una enfermedad del hígado en la que este se inflama. Su principal vía de transmisión es la sexual o por sangre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 170 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. Entre 65 y 70 por ciento desconoce tenerla. Su inadecuado tratamiento puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado.

Escasa educación médica de mexicanos dificulta enfrentar pandemia del VIH/sida: expertos

Recomiendan una estrategia integral para prevenir y tratar el virus Guillermo Montalvo Fuentes Atripla, tres ARV en una pastilla México DF, abril 01 de 2011. Nadie debería morir por VIH/sida, sin embargo, la falta de educación médica en la población mexicana obstaculiza el diagnóstico y el éxito de la terapia antirretroviral en los pacientes seropositivos, señaló Jaime Andrade, Jefe de la Unidad de VIH en el Hospital Civil de Guadalajara. A pesar de que el VIH/sida pasó de ser una enfermedad mortal a una crónica no curable, y de que hay en el mercado 26 opciones de fármacos antirretrovirales, la gente muere todavía por el virus, dijo el experto, por lo que sugirió una estrategia integral que incluya prevención, pruebas de detección temprana y autocontrol de la enfermedad por parte de quienes viven con VIH/sida. Educación sexual desde la primaria, uso de condón y geles microbicidas, así como terapia pre y pos exposición y tratamiento antirretroviral oportuno, son los elementos que Andrade recordó como parte de una estrategia integral para combatir la epidemia. Para el experto, no conocer las alternativas médicas existentes que se pueden utilizar, hace que las personas no se protejan del virus o no se traten adecuadamente, lo cual se traduce, para el último caso, en la utilización de medicamentos que merman su calidad de vida. Sobre este punto, estimó que en México, 30 por ciento de los pacientes abandona su terapia antirretroviral debido al agotamiento causado por los esquemas complicados de tratamiento, caracterizados por dosis con varias pastillas y restricciones alimenticias. A partir de 1987, cuando aparecen los primeros antirretrovirales, el paciente seropositivo tenía que ingerir 25 pastillas al día, sin embargo, actualmente el promedio oscila entre 2 y 8, lo que depende del plan utilizado, sin embargo, Andrade mencionó que este año se contará con un medicamento que reduce la cantidad a sólo 1 pastilla por día. Atripla: antirretroviral de esquema simplificado, tres fármacos en uno Mejor calidad de vida y mayor adherencia al tratamiento son los principales beneficios que Atripla ofrecerá a partir de este año a las personas seropositivas, aseguró Patricia Villalobos, gerente médica de los laboratorios Stendhal. Se trata de un medicamento para controlar el VIH en adultos, que reúne tres fármacos antirretrovirales en una pastilla: efavirenz, emtricitabina y tenofovir disoproxil fumarato. Debido a que su tiempo de eficacia es de 48 horas, al olvidar ocasionalmente tomar una pastilla, “el paciente no tendrá riesgo de desarrollar resistencia al virus, bastará con que retome el tratamiento cuanto antes”. Atripla ya cuenta con la aprobación y el registro de la Secretaría de Salud federal, por lo que este año se podrá encontrar tanto en el cuadro básico del Sector Salud como en el privado, donde el frasco con 30 pastillas, tendrá un costo de 13 mil pesos.

Gays y católicos de Puebla se unen en contra del titular del IPJ por querer “curar” la homosexualidad

Luis Méndez Pérez

Guillermo Almazán Smith, titular del Instituto Poblano de la Juventud

México DF, abril 01 de 2011.

Diferentes organizaciones sociales del estado de Puebla exigieron la renuncia del titular del Instituto Poblano de Juventud (IPJ), Guillermo Almazán Smith, luego de que supuestamente afirmara que evalúa la posibilidad de crear un centro de “curación” para homosexuales, similar al promovido por el cardenal de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez.

Las declaraciones fueron atribuidas al titular del IPJ después de la visita que realizó el purpurado de Jalisco a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) para la presentación del libro El verdadero rostro de Juan Sandoval Íñiguez.

Ante esto, diferentes organizaciones civiles entre ellas, El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) Puebla, la Red Democracia y Sexualidad, Vida Plena, el Comité Orgullo Puebla, entre otros, realizaron movilizaciones y decidieron entablar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

En entrevista telefónica, Onán Vázquez, de Vida Plena, afirmó que las declaraciones de Almazán Smith son deplorables pues muestran un doble discurso, además de que amenazan al colectivo de la diversidad sexual, mismo que aseguró, se encuentra “sorprendido” por el apoyo que ha tenido de grupos de jóvenes católicos, como el Movimiento Juvenil Católico del estado.

“Estamos convergiendo diversas organizaciones, tanto juveniles católicas como el movimiento de diversidad sexual, nos sorprende que el grupo católico apoye nuestra postura, ya que los suponíamos antagónicos, pero ahora nos une un objetivo común”.

Entre las demandas hechas por las organizaciones civiles se encuentra la destitución de Almazán Smith, a quien acusan de no haber dialogado con los grupos de jóvenes de Puebla, así como negarse a mostrar el plan de trabajo del IPJ, además de que lo señalan como homofóbico y misógino.

“Primero que se retracte de sus declaraciones y después que muestre su plan de trabajo, pero si no es incluyente vamos a exigir que otra persona encabece el Instituto”, dijo el activista. Al cierre de esta edición la oficina de Comunicación Social del IPJ no había respondido a una solicitud de entrevista para conocer su postura sobre el tema.

Organizaciones civiles piden al Senado aprobar ley para niños

Organizaciones civiles piden al Senado aprobar ley para niños

En la sede del Senado, en Xicoténcatl, agrupaciones civiles ondearon 50 banderas por los niños muertos y los que resultaron heridos en el incendio de la estancia infantil sonorenseFoto José Carlo González

Ariane Diaz

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 47

Miembros de organizaciones civiles que apoyan el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio acudieron al Senado a reiterar las demandas de esa agrupación, a 22 meses del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 menores y 70 más resultaron heridos.

Abraham Fraijo, único padre de familia presente, y Daniel Gershenson, de Al Consumidor, deseaban entregar una carta a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva, y a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, en la cual exigen que se retome la solicitud de aprobar la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil. Sin embargo, por encontrarse éstos ausentes, la entregaron a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

La iniciativa fue presentada el pasado 30 de noviembre y elaborada con propuestas de especialistas y padres de las víctimas. Actualmente está en proceso de dictamen en las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Social.

Fraijo, padre de Emilia Fraijo Navarro, de tres años de edad y fallecida en el incendio, subrayó que los senadores tienen un deber con los ciudadanos. Se les está poniendo en charola de plata un instrumento legal para evitar que suceda nuevamente un accidente como el de la guardería ABC, afirmó. No tienen pretexto para decir que no, para hacerse los ciegos; ya son 22 meses en los que no ha sucedido nada, denunció.

El senador perredista Francisco Javier Castellón, quien presentó la iniciativa, indicó que los presidentes de las comisiones mencionadas se comprometieron a que la ley saldrá durante este periodo de sesiones.

Afuera del recinto legislativo, en Xicoténcatl, los manifestantes llevaron a cabo el acto denominado 49 banderas por el 5 de junio, una más por cada niño fallecido y una por los que resultaron heridos en la tragedia del 5 de junio de 2009.

La actividad formó parte de las acciones llamadas 22 meses, 24 niños, 25 niñas, cero justicia: dos jornadas por los niños y las niñas pequeñas en México, las cuales incluyen un foro de análisis sobre primera infancia, que se realizará este jueves y cuyas conclusiones presentarán a los senadores ese mismo día.

Trascendió que Fraijo, madres de jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Olga Reyes Salazar encabezarán este miércoles en Cuernavaca, Morelos, la marcha convocada por el poeta Javier Sicilia en contra de la violencia que se vive en el país

Demanda el ombudsman capitalino a gobierno federal cambiar lucha antinarco

Demanda el ombudsman capitalino a gobierno federal cambiar lucha antinarco

González Placencia rechaza la propuesta de Javier Sicilia de pactar con el crimen organizado

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 42

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentará un documento en el que pedirá al gobierno federal que revise su estrategia de combate al crimen organizado y que cambie las acciones para evitar la muerte de personas ajenas al conflicto.

El presidente del organismo, Luis González Placencia, señaló que el próximo viernes dicho documento será puesto a consideración de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por las comisiones estatales y nacional, encargadas de velar por el respeto a las garantías individuales, en una reunión que sostendrán en el estado de Campeche, con el propósito de que se sumen a ese planteamiento.

En entrevista, González Placencia se manifestó contra la posibilidad de pactar con los grupos de la delincuencia organizada, como pidió el poeta Javier Sicilia, aunque dijo estar de acuerdo en el llamado a que esas bandas vuelvan a sus códigos de ética para no afectar a inocentes.

Agregó que el planteamiento de pactar con la delincuencia organizada es muestra de la desesperación de los ciudadanos por la violencia, que ya les afecta directamente. Es hartazgo lo que se ve en la gente, porque esta guerra que ha emprendido el Estado mexicano contra los grupos de narcotraficantes tiene en medio a los ciudadanos, subrayó.

Se trata de un reclamo ciudadano absolutamente legítimo, abundó, que debe leerse en términos de que la gente quiere vivir en paz, lo cual implica, por una parte, la disminución paulatina de la violencia, y por otra que se señale a los responsables de las muertes de personas que no tienen nada que ver con esa lucha.

El ombudsman capitalino resaltó que la lucha emprendida por las autoridades federales no ha terminado con las drogas ni ha disminuido el poder de las bandas criminales. Por el contrario, se ha incrementado el número de fallecimientos de personas inocentes a manos del Ejército y de las fuerzas policiales; de ahí que sea necesario replantear la estrategia, expresó.

En torno a la investigación que lleva a cabo la CDHDF por el motín ocurrido el pasado 18 de marzo en el Reclusorio Sur, González Placencia comentó que una de las líneas de la indagatoria tiene que ver con la presunta existencia de estructuras dedicadas a la venta y distribución de drogas en el penal, que permiten la generación de mercados ilegales y de hechos de violencia, como los ocurridos ese viernes, en que decenas de internos protestaron por la falta de drogas

Encomia la ONU programa sobre derechos humanos del gobierno local

El representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, señaló que el Gobierno del Distrito Federal ha dado resultados importantes en el respeto de las garantías individuales no sólo a nivel nacional, sino internacional.

Muestra de ello, expresó durante el segundo ciclo de conferencias y mesas redondas sobre temas de actualidad en derechos humanos, que se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad, es el programa en la materia, que desde hace más de dos años se aplica en la capital del país, el cual contempla la realización de programas y la instrumentación de recursos financieros con perspectiva de garantías básicas.

Al señalar que este trabajo pone al Distrito Federal a la vanguardia, destacó que la ciudad de Wonju, Corea del Sur, donde se llevará a cabo en dos meses la Conferencia mundial de urbes por los derechos humanos, ha manifestado interés por implementar un programa basado en la experiencia de la ciudad de México.

Al señalar que el programa de derechos humanos del Distrito Federal está entrando a una etapa de madurez, en la que la rendición de cuentas empieza a tomar cada vez mayor peso, Hernández Valencia comentó que, ante el interés de dicha ciudad coreana por repetir la experiencia, se han tendido puentes para que el gobierno capitalino pueda presentar los resultados de su plan.

Asimismo, destacó que el TSJ se haya dado a la tarea de presentar y difundir el programa a los demás tribunales del país, con el fin de que los lineamientos y objetivos que corresponden al tribunal de la ciudad pudieran ser implementados en los órganos judiciales estatales, como en el caso del Tribunal de Justicia de Chihuahua, con el que ya se acordaron comisiones de trabajo en ese sentido

Exigen al gobierno de Morelos aclarar el asesinato de Juan Sicilia y seis amigos

Cuernavaca, Mor., 5 de abril. Integrantes de la Red por la Paz y la Justicia anunciaron que este miércoles se efectuarán 28 marchas en el país para exigir a las autoridades que pongan alto a la impunidad –a raíz del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, y de otras seis personas–, además de que se realizarán manifestaciones en ocho países en repudio a la violencia en México.

Demandaron al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos, Pedro Luis Benítez, y al gobernador panista Marco Antonio Adame, detener a los responsables del asesinato de estas personas, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas, municipio de Temixco, el pasado 28 de marzo.

El promotor cultural Rocato, uno de los que acompañó a Javier Sicilia, colaborador de la revista Proceso y de La Jornada, a la reunión que sostuvo con el procurador y el mandatario estatal el sábado pasado, dijo que acordaron no dar a conocer avances de las pesquisas para no entorpecerlas.

Indicó que en la reunión se acordó que el procurador no divulgaría información del caso; sin embargo, Benítez Vélez filtró a diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos que ex militares y soldados en activo habrían sido los responsables del multihomicidio.

José Martínez Cruz, otro de los promotores de la marcha, solicitó un informe sobre las investigaciones y que especifiquen si son militares, policías estatales o ministeriales los presuntos asesinos de Juan Francisco. Que la investigación sea a fondo, que no haya ocultamiento de resultados. Sabemos lo que significa el secreto, que no pueden trascender datos específicos porque eso hace que la gente involucrada pueda eludir la acción de la justicia.

Ambos activistas confiaron en que las autoridades den a conocer los nombres y la detención de los responsables, sean o no militares o policías, y recordaron que Javier Sicilia emplazó a las autoridades morelenses y federales a dar resultados de las investigaciones el miércoles 6 de abril.

“Desde que el Ejército y los marinos aumentaron su presencia en Morelos hay más muertos y se ha comprobado que dónde hay más militares hay más ejecutados: ahí está Chihuahua de ejemplo”, anotaron.

Advirtieron que si no hay resultados del multihomicidio analizan trasladar las manifestaciones a la residencia oficial de Los Pinos para exigir al presidente Felipe Calderón que acabe con la guerra que inició sin el consenso de los mexicanos.

Por su parte, la PGJE de Morelos indicó que solicitó la colaboración de la Dirección General de Asuntos Policiacos Internacionales (Interpol) para cercar fronteras y terminales marítimas, aeroportuarias y terrestres, con la finalidad de impedir que salgan del país los responsables del multihomicidio, con base en las órdenes de aprehensión obsequiadas a las autoridades federales y estatales para la detención de los presuntos homicidas de siete personas encontradas sin vida en un vehículo en la calle Tampico del fraccionamiento Las Brisas, del municipio de Temixco.

En Cuernavaca, la marcha partirá en la glorieta de La Paloma de la Paz –ubicada al norte de la capital–, a las cinco de la tarde, y culminará con un mitin en el zócalo, donde desde el pasado lunes se colocó una ofrenda floral en memoria de Juan Francisco y sus amigos.

Además se efectuarán manifestaciones en varias ciudades de Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, Coahuila, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, estado de México, Durango, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala

Podrían llegar a 14 mil los casos de desapariciones en este sexenio: ONG

Las 5 mil 300 personas reportadas como extraviadas y los casi 9 mil cadáveres sin identificar de los que informó el sábado pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrían estar relacionados con el fenómeno de las desapariciones forzadas, ya que dichas cifras corresponden al sexenio actual, cuando se desencadenó la guerra contra el crimen organizado.

Advirtieron lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideraron que ante la falta de una base de datos confiable al respecto, muchos de los cuerpos no identificados podrían ser de casos de desaparición.

Andrés Díaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la descalificación del gobierno mexicano al informe preliminar del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada es una señal negativa, pero “al menos cada vez queda más claro que el fenómeno existe y es de suma gravedad.

Por otro lado, el hecho de encontrar 9 mil cuerpos sin identificar sigue indicando que hay un acto de desaparición. La ONU dice que hay que tener una base de datos al respecto, y si hay tantos cadáveres en esta situación, podría tratarse de desapariciones ya denunciadas, afirmó.

Sergio Méndez Silva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que aunque la CNDH no lo dice de forma clara, se entiende que la cifra de extraviados y muertos se produce en el contexto de la guerra contra el narco, periodo en el que, según Naciones Unidas, la presencia del Ejército en las calles hizo aumentar el número de desapariciones forzadas.

En tanto, en Monterrey, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos hizo saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación por más de 200 casos de desapariciones forzadas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

De forma paralela, el colectivo Justicia para Nuestras Hijas informó que un total de 59 mujeres y niñas desaparecieron en 2010 en Ciudad Juárez, y 48 más en el resto del estado de Chihuahua, según datos de la Fiscalía General de la entidad.

107 mujeres que desaparecieron durante 2010 continúan sin ser localizadas, de las cuales 71 (66 por ciento) son menores de edad, advirtió la organización en su página web

Desvirtúa el Frayba acusación a tzeltales presos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirmó en San Cristóbal de las Casas que Jerónimo Guzmán Méndez, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón (Chiapas), adherentes de la otra campaña, son presos políticos, ya que según la documentación recabada, el 2 de febrero no se encontraban en el lugar de los hechos. Esto es, el día que la caseta ejidal de acceso turístico fue asaltada por un grupo oficialista, con anuencia de la policía estatal y el Ejército federal.

Los indígenas fueron detenidos al día siguiente, junto con otros 113 ejidatarios que serían liberados en pocos días. En los interrogatorios, la Procuraduría General de Justicia del Estado no proporcionó a los indígenas traductores calificados y se les hizo firmar declaraciones sin explicaciones de las acusaciones, en violación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales.

El Frayba apunta: Los supuestos testigos contra los presos políticos participaron en el desalojo violento de la caseta el día 2. Según los testimonios, iban con armas de fuego. El grupo era encabezado por Carmen Aguilar Gómez, quien según testigos, desde hace varios meses había tenido diversas reuniones con el secretario de Gobierno Noé Castañón León.

Y cita testimonios de los inculpados que prueban que no cometieron los delitos que les imputan. Domingo Pérez Álvaro refiere que ese día fue a Ocosingo para solicitar ayuda y evitar que los ejidatarios cayeran “en la provocación con la gente de Goyito” (dirigente oficialista). Allí encontró a Carlos Solórzano Arcea, subsecretario de Gobierno, quien se comunicó con el secretario de Gobierno, y le avisó que ahí estaba con él.

Domingo García Gómez asegura que esa fecha no acudió al lugar de la agresión contra sus compañeros porque estaba en mi cafetal con mi hijo Domingo y su esposa. Fue avisado de una reunión en la caseta, pero teníamos acuerdo de terminar nuestro corte de café, por eso le dije a mi hijo que no viniera a la reunión.

Juan Aguilar Guzmán sostiene que ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido “porque me habían comisionado de ir al caracol zapatista con la junta de buen gobierno, y ya era noche cuando regresé a mi casa”. Gerónimo Guzmán Méndez expone: “Salí de mi casa en Kakate’el a las seis de la mañana con mi camioneta, donde los llevé a ocho personas a Chilón”. Al regreso “estaba tapada la carretera (por los oficialistas) y por miedo a que dañen mi carro lo llevé a Sacj’ún”, donde sigue. Fui llegando a las ocho de la noche en el crucero de Agua Azul.

A Mariano Demeza Silvano (de 17 años) le imputan los mismos delitos (atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado) de los 113 detenidos inicialmente. El Frayba consideró que existe un castigo excesivo contra un menor: tampoco tuvo traductor especializado y se le obligó a firmar una declaración donde se le imputan delitos que no cometió.

De acuerdo con la denuncia, los presos están privados arbitrariamente de su libertad. De esta manera “el gobierno del estado los presiona para que participen en la ‘Mesa de diálogo y concertación del centro ecoturistico Agua Azul’”, y cedan así la administración de la caseta. Además, no se tomaron en cuenta pruebas y testigos a favor de los detenidos, sujetos a hostigamiento y chantaje de funcionarios estatales “que condicionan su libertad al ‘diálogo’ y la entrega de territorio”.

Al exigir la libertad inmediata de los cinco presos de Bachajón, el Frayba demandó una investigación imparcial, inmediata, seria y exhaustiva para dar con los autores materiales del asesinato de Marcos García Moreno y las lesiones a Tomás Pérez Deara. También, que cese el hostigamiento a los pueblos mediante estrategias para imponer a comunidades y organizaciones condiciones y proyectos gubernamentales a cambio del control de sus recursos naturales

CARTONES DE LA JORNADA