martes, 18 de enero de 2011

En México, los servicios de Salud discriminan a 40.7% de la población

  • La mayoría de los recursos asignados se gasta en áreas administrativas, asegura experta
  • Leonardo Bastida Aguilar
    El Seguro Popular no es la solución para los problemas de Salud de la población
    México DF, enero 14 de 2011.
    “Nuestro sistema de salud tiene muchas divisiones, y está fragmentado por tipo de población, por lo que muchos de los recursos asignados son gastados en áreas administrativas”, explicó a NotieSe, Lucía Montiel Romero, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
    Con motivo de la publicación de la investigación “La salud en México: una perspectiva de derechos humanos” publicada en la colección Cuadernos de Derechos Humanos, la autora advirtió que el sistema de salud en México está en crisis, la cual se agrava con la fragmentación en el servicio de atención, la baja inversión y la falta de prevención.
    De acuerdo con la investigadora, el sistema fragmentario de servicios que el gobierno federal maneja con el discurso de cobertura universal, representa una actitud discriminatoria por la forma en que se divide la oferta de servicios, los cuales son para diferentes sectores como trabajadores de empresas, del Estado, del petróleo, militares, o gente sin seguridad social.
    “Una de las características del sistema de salud mexicano es la desigualdad, debido a que hay atención médica enfocada a diferentes sectores, lo cual provoca que la población en situación de vulnerabilidad, también lo esté en materia de acceso a la salud”.
    La también docente añadió que a estos problemas existentes se le suma el Seguro Popular, el cual plantea la posibilidad de una cobertura universal, pero ésta no significa solamente tener a toda la población registrada en un servicio de salud, sino que se debe verificar que las personas accedan plenamente a medicamentos y servicios necesarios.
    Por el contrario, aseguró la experta en derechos humanos, los recursos a las instituciones de salud pública se han reducido, reflejo de esto es que en 2007, para el Estado mexicano el costo en materia de salud representó 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto, pero de ese total, 54.8 por ciento de los recursos salió del bolsillo del paciente o de la sociedad y sólo 45.2 por ciento del gobierno federal.
    En torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en específico, los que plantean el acceso universal a medicamentos para personas con VIH, así como la mejora y ampliación de servicios de salud para la mujer, Montiel Romero explicó que en las estadísticas se pueden cumplir, pero en la realidad no se sabe si hay un efectivo cumplimiento del derecho a la salud y cómo se atiende a las personas.
    Aseveró que la división y discriminación existentes en los servicios de salud significa que quien tiene poco dinero no puede acceder a un mejor servicio médico, porque se sabe que cuando un ciudadano acude a solicitar su registro al Seguro Popular, se le exige el pago de cuota de acuerdo con su percepción económica, a pesar de que esta modalidad de seguro médico, no contempla en su plan, un gran número de padecimientos.
    “El Seguro Popular incrementa las cifras de personas que acceden a los servicios de salud, pero se desconoce si se cumplirá con el derecho a la salud de la población”, indicó la autora.
    Agregó que se ha malentendido el derecho a la salud, ya que éste también debe garantizar alimentación, agua limpia y tratada, un buen entorno y el acceso a una mejor calidad de vida.
    Así, Montiel Romero, aseguró que medidas como el Seguro Popular no garantizan que 40.7 por ciento de la población que no tiene acceso a servicios de salud, pueda tenerlo algún día.

    Inauguran primer museo gay en Estados Unidos

    Redacción NotieSe
    Gafas rosadas, silbato y jeans que pertenecieron a Harvey Milk, primer funcionario electo en la ciudad que era abiertamente gay, expuestos en el museo hay de EU. Foto: El espectador.com

    México DF, enero 14 de 2011.
    El Museo de Historia de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) abrió ayer sus puertas en la ciudad de San Francisco, lo que lo convirtió en el primero de Estados Unidos en presentar, por escrito y visualmente, una cronología de la lucha y liberación de este colectivo a lo largo de las décadas.
    Ubicado en el barrio de Castro, famoso por su gran comunidad homosexual, el museo exhibirá manuscritos de activistas de la población LGBT, juguetes sexuales y las gafas rosas de Harvey Milk, primer político abiertamente gay de California, electo en la década de los setenta, todo esto a través de dos exposiciones permanentes: “Nuestro extenso pasado gay”, y otra que recoge la colección de la Sociedad Histórica LGBT de San Francisco.
    Paul Boneberg, uno de los responsables del lugar, mencionó que “se hizo todo lo posible para que este museo fuera tan rico, diverso y sorprendente como la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales”.
    El también director ejecutivo de Sociedad Histórica LGBT, mencionó que el origen de este proyecto fue una exposición de once meses de duración abierta en 2008, en San Francisco, la cual sirvió como prueba para comprobar la viabilidad económica del museo.
    En este sentido, se estima que este primer año se requerirán 250 mil dólares para el mantenimiento del museo, lo cual será posible gracias a las donaciones. El Museo de Historia LGBT y el Museo Gay de Berlín, que abrió sus puertas en 1985, son los únicos en el mundo dedicados a este colectivo.
    Perspectiva mexicana
    Al respecto, Salvador Irys Gómez, director de la Semana Cultural Lésbica Gay, que desde hace algunos años se realiza en el Museo del Chopo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a esta agencia que la apertura de este tipo de espacios es una manera de reconocer a la comunidad LGBT como parte de la historia contemporánea.
    En torno a la posibilidad de que México pudiera contar con un museo de estas características, Irys Gómez señaló que no obstante en materia de arte gay nacional, existe “mucha tela de donde cortar”, no existe el apoyo por parte de los gobiernos, pues aún les resulta incómodo que la gente encuentre espacios dónde cuestionar su sexualidad.
    “Estas iniciativas son muy interesantes, pero no dejan de ser expresiones que incomodan a ciertos grupos, además de que impera cierta desorganización por parte de los colectivos LGBT, que no se han puesto de acuerdo, no se han dado a la tarea de rescatar cosas que se puedan exhibir”, concluyó.

    ¿Un modelo de familia?*

    Gabriela Rodríguez
    Foto: Óscar Sánchez
    México DF, enero 14 de 2011.
    No existe en el mundo un solo modelo de familia sino una diversidad de arreglos familiares; el modelo patriarcal o familia tradicional que pregonan los obispos, el de una pareja heterosexual y perpetua donde hay un progenitor proveedor y una esposa dedicada exclusivamente a las actividades domésticas, no es predominante, ni siquiera entre familias cristianas.
    Así lo constata el libro Familias del siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas, que será presentado el próximo 20 de enero a las 18 horas en El Colegio de México, texto que resume los trabajos de investigadores y activistas que participaron en el seminario del mismo título, realizado hace dos años y coordinado por Susana Lerner y Lucía Melgar (UNAM y El Colegio de México, 2010).
    Entre las diversidades documentadas hay que saber que en México los hogares nucleares (formados por una pareja con o sin hijos, o por un jefe del hogar que vive con sus hijos solteros) son la mayoría (dos tercios del total); le siguen los hogares extensos (donde conviven además del núcleo central otros parientes ascendientes, descendientes o colaterales), sobre todo en los sectores con menores recursos, y se advierte el aumento de los hogares unipersonales y de los hogares encabezados por mujeres. La idea de matrimonio para siempre también se ha desgastado.
    Actualmente han aumentado las uniones consensuales, hay una preferencia de las parejas por convivir consensualmente antes de formar una unión legal o en lugar de ella, y se observa una tendencia ascendente de disolución conyugal en los primeros 10 años. La organización del trabajo en el marco de la globalización y la crisis económica es una barrera para la equidad de género, los ejecutivos y los obreros están sujetos a tensiones entre las demandas de las empresas y las de sus parejas e hijos, lo cual imposibilita el desarrollo de paternidades más presentes.
    La violencia en el interior de las familias se vincula con el fenómeno expansivo que cubre hoy gran parte del territorio mexicano y con el deficiente sistema de justicia, así como con las relaciones de poder y de autoridad jerarquizada. Persiste la estigmatización de parejas homosexuales, de lesbianas y bisexuales e incluso la discriminación por orientación sexual al interior de la familia.
    La ciudad de México es el territorio donde hay mayor reconocimiento a los cambios recientes: la ley que permite la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer hasta la décimo segunda semana de gestación; la eliminación de las causales de divorcio para dejar de ser instancia de conflicto en el proceso; y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
    Negar la diversidad es un rasgo de autoritarismo que no solamente promueven los líderes eclesiales sino algunos gobernadores panistas, como el de Baja California, quien al distribuir en las escuelas secundarias el libro Soy libre y responsable promueve un tratado de la moral cristiana que nunca menciona el uso del condón, que afirma que los anticonceptivos provocan cáncer y que las relaciones sexuales son las que ocurren dentro del matrimonio y con una persona del otro sexo.
    El fundamentalismo en las elites políticas es creciente, violenta la educación laica y promueve una interpretación más que literal del texto bíblico, además ignoran que ni Jesús creció en ese modelo ideal de familia.
    El árbol genealógico de Cristo tiene un eslabón final dudoso, David hizo que se le atribuyera el Mesías dentro de su descendencia. Según la teóloga Uta Ranke-Haineman las versiones de Mateo y Lucas atestiguan una religión machista: son los varones los que forman la línea genealógica (No y amén, Editorial Trotta, Madrid 1998). Ambos presentan el nacimiento de Jesús como nacimiento virginal y, sin embargo, al final de la serie no está la madre, sino el padre José, descendiente del rey David, quien garantiza la descendencia noble.
    Un padre falso, un padre adoptivo, un padre nutricio, un padre putativo… todo ello es mejor y más importante que una madre auténtica. La genealogía de ella no juega el menor papel. En el árbol genealógico sólo se menciona a cuatro mujeres, una de las cuales es Betsabé, la esposa de Urías, quien cometió adulterio con David. Cuando David la vio bañándose desde la azotea del palacio real preguntó quién era y supo que era la esposa de Urías el hitita, entonces envió gente que se la trajese y se acostó con ella. Luego escribió al comandante Joab: Poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera. Así pereció Urías. Pasado el luto, David envió por la viuda y la hizo su mujer.
    La idea de Jesús como descendiente de David no resulta tan especialmente esplendorosa y su arreglo familiar es distante del modelo que pregonan los obispos. Jesús nace y crece en una familia constituida por José, María y el Espíritu Santo: un padre putativo que le dio el linaje noble, una madre virgen que quedó encinta por obra del Espíritu Santo, y este último, su primer padre y progenitor.
    *Publicado en el periódico La Jornada el viernes 14 de enero de 2010 y reproducido por NotieSe con la autorización de Gabriela Rodríguez.

    Transexual argentina logra reconocimiento de derechos

    Redacción NotieSe
    México DF, enero 14 de 2011. “La justicia avanza en el reconocimiento de los derechos de travestis y transexuales”, señaló Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), luego de que Guillermo Scheibler, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 13, de la ciudad de Buenos Aires, fallara a favor de una mujer transexual que había solicitado la emisión de un nuevo DNI (Documento de Identidad) y una nueva acta de nacimiento, en los que aparecieran el nombre y género que actualmente ostenta.

    En su sentencia, emitida el pasado 29 de diciembre, el magistrado ordenó al Registro Nacional de las Personas la entrega de un nuevo DNI y una nueva acta de nacimiento a la demandante, con el nombre que socialmente usa y el género femenino, sin la necesidad de una operación de reasignación sexual previa, dado que "la identidad sexual de las personas excede ampliamente lo biológico, por lo que no parecería apropiado condicionar una solicitud de cambio de sexo registral a la realización de una intervención quirúrgica, en tanto ésta no hubiera sido solicitada”, señaló el juez.

    De acuerdo con la FALGBT, las personas travestis y transexuales tienen en sus documentos un nombre diferente de aquel por el que son conocidas, y figuran inscritas con una asignación de género –varón o mujer– que se contradice con su identidad. Esa discrepancia entre su vida y los papeles, les complica entrar a cualquier lugar donde pidan documentos, anotarse en una carrera universitaria, votar, salir del país, casarse o abrir una historia clínica en un hospital.

    “Son las NN (Ningún Nombre) de la democracia, indocumentadas y privadas de sus derechos más esenciales”, descató Paulón.

    Como parte de su trabajo a favor de la comunidad trans, la FALGBT ha presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, por un lado, la Ley de Identidad de Género, la cual habilitaría el cambio de nombre y de género en el DNI y la acta de nacimiento, mediante un trámite sencillo y rápido, y por otro, la Ley de Atención Sanitaria Integral para personas Trans, que les permitiría el acceso pleno a la salud tanto en el sistema público como en el privado.

    Al respecto, Esteban Paulón, manifestó que el siguiente paso será convocar a los legisladores de todos los sectores políticos, “a comprometerse para que estas leyes sean sancionadas este año, y dar así, un paso más en el camino hacia la plena vigencia de los derechos humanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género, como lo fue en 2010 la sanción de la ley de matrimonio igualitario".

    Por último, Marcela Romero, secretaria general de esta misma organización, agregó que "las personas trans somos las olvidadas de la democracia”, por lo que hay que comenzar a trabajar en la inclusión del colectivo en el ámbito educativo, el sistema sanitario y el trabajo formal.

    Inmujeres protege intereses electorales de Peña Nieto, acusan activistas

  • Registran 200 feminicidios en Edomex en 2010
  • Piden revisar recursos otorgados a Inmujeres
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, enero 13 de 2011.
    “Las titulares estatales de los Institutos de las Mujeres responden a intereses políticos y se han dedicado a cuidar la imagen e intereses electorales de gobernantes como el del estado de México, por lo que han dejado a un lado el objetivo de su institución”, aseguraron defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
    María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ana Yeli Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), apuntaron que el pasado 11 de enero 20 titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres rechazaron la propuesta de la sociedad civil de emitir una alerta de violencia de género en el estado de México durante la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
    En conferencia de prensa, la activista mencionó que la sociedad civil decidió proponer este mecanismo, contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante el incremento de más de 100 por ciento de feminicidios en el último año por lo que se solicitaba investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad.
    “Por el momento ningún agresor de mujeres está en la cárcel debido a la impunidad que prevalece en el estado de México y a nivel nacional, hecho que permite una normalización de la violencia contra las mujeres que puede derivar en feminicidios”.
    En torno al aumento de feminicidios, Estrada mencionó que en 2005 se registraron 90 casos en la entidad mexiquense, cifra que en 2010 aumentó a 200, y que en los últimos años da un total de 992, cifra que aseguró, ni las autoridades mexiquenses conocen pero se han dedicado a desmentir en la prensa en días recientes.
    La coordinadora del OCNF aseveró que estas deficiencias en la impartición de justicia en el estado de México se reflejan en cifras como las más de 4 mil 773 violaciones contra mujeres registradas en 2010, de las cuales, no se tiene conocimiento alguno de sanción.
    En torno a la situación, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Teresa Incháustegui, comentó que es necesario revisar el funcionamiento de Inmujeres debido a que se le otorgan recursos públicos pero no dan respuesta a los problemas.
    La legisladora añadió que se volverá a citar en la Cámara de Diputados al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, para que explique por qué no ha cumplido con los compromisos que aceptó durante su visita en 2010 y cuál ha sido la causa que le ha motivado a disminuir las cifras ante la prensa a pesar de que los casos están documentados.
    Con motivo del rechazo por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la alerta de violencia de género en la entidad mexiquense, el OCNF y la CMDPDH, interpondrán un juicio de amparo ante juzgados de distrito con la finalidad de que las autoridades mexiquenses investiguen y esclarezcan 526 casos en los que se desconoce la identidad del asesino y 99 en los que no se ha identificado a la víctima.
    Al respecto, las activistas recalcaron que esta postura refleja la poca importancia que tiene para los organismos encargados de proteger a las mujeres la protección de este sector de la población por lo que se han convertido en culpables de estos crímenes al no plantear soluciones y evadir mecanismos, como la alerta de género, que puede dar una solución al problema. Recordaron, es la tercera vez que el sistema rechaza emitir una alerta de género.
    Por su parte, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto aseguró ante los medios de comunicación, después de entregar el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, que en la entidad no se registra la tasa más alta de feminicidios por lo que “no habría lugar a emitir una alerta de género”.
    El mandatario mexiquense añadió que estos números son producto de los altos índices de violencia existentes en el país e indicó que resulta sospechoso la aparición de estas cifras en pleno año electoral por lo que no descartó que detrás de esta iniciativa haya “intereses políticos”.
    ¿Qué es una alerta de género?
    Es un mecanismo que obliga al Gobierno enjuiciado a promover reformas inmediatas en sus leyes para proteger a las mujeres y aclarar los crímenes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2010 se registraron mil 720 feminicidios en 18 estados.

    Violentan derechos laborales de mujeres recepcionistas

  • Disminuyen sus ingresos en 24 por ciento
  • Cimacnoticias-Redacción NotieSe
    México DF, enero 13 de 2011.
    “La eliminación de la categoría de recepcionista de la tabla de salarios mínimos profesionales, además de disminuir los ingresos de miles de mexicanas, transgrede la legislación del país y los acuerdos internacionales que establecen el derecho al trabajo digno y en igualdad de condiciones para mujeres y hombres”, señaló la ex legisladora perredista Rosario Ortiz Magallón.
    Con estas palabras, la también integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), reprobó el anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), en el que “sin explicación alguna, disminuyen el ingreso de miles de mujeres y con ello su calidad de vida”.
    El pasado 18 de diciembre, la CNSM emitió un comunicado de prensa para dar a conocer el aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo general (2.35 pesos). Este documento refirió también que “se acordó suprimir para 2011 y en lo sucesivo, el trabajo especial de Recepcionista en general”.
    Con la decisión de representantes patronales, obreros y del gobierno federal, que integran la CNSM, a partir de este año las recepcionistas en lugar de percibir como salario mínimo 77.8 pesos al día, recibirán 59.8.
    La integrante de la RMS refirió que las recepcionistas son registradas como personal ocupado en el sector servicios, donde actualmente trabaja 40.5 por ciento de las 44.5 millones de personas que laboran en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
    Rosario Ortiz señaló que, en un escenario de caída salarial generalizada, frente al alza de productos de la canasta básica, y el aumento de los servicios, disminuir el mínimo salarial de este grupo de trabajadoras es “violencia de Estado porque al tiempo que reduce su ingreso, pone en bandeja de plata mano de obra barata para las empresas, flexibilizando el mercado laboral sin garantizar los derechos de las trabajadoras”.
    De acuerdo con Ortiz Magallón, la eliminación del trabajo especial de recepcionista del salario mínimo profesional es un acto discriminatorio que además de violentar los artículos 1 y 4 constitucionales, transgrede convenios que México está obligado a cumplir como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a la garantía de trabajo digno y la creación de políticas no discriminatorias que promuevan la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral.
    La supresión de las recepcionistas, concluyó, “refleja la incapacidad de de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para establecer un salario remunerador, no sólo para las recepcionistas, para todas y todos los trabajadores del país”.

    Mujer transexual encabeza Ministerio Público en Zona Rosa

  • PGJDF se compromete a respetar derechos humanos de comunidad gay
  • Leonardo Bastida Aguilar
    Gómez Bastida, al centro, con su equipo de trabajo. Foto: Leonardo Bastida A.
    México DF, enero 13 de 2011.
    “En 21 años de servicio, jamás había volteado hacia la comunidad de la diversidad sexual, a pesar de ser parte de ella”, reconoció Javier Gómez Bastida, titular de la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
    En charla con NotieSe, el licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que en su experiencia en otras agencias de la PGJDF, el tema de la diversidad sexual no era común, por lo que tras su cambio a la Agencia 5 en la delegación Cuauhtémoc se percató de la situación cuando miembros de esta comunidad eran remitidos al Ministerio Público. Eso lo motivó a sensibilizar a los integrantes de la dependencia.
    Como parte del reto, Gómez Bastida se presentó ante sus subalternos como una mujer transexual en proceso de reasignación sexogenérica. Los invitó a capacitarse y sensibilizarse en el tema con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios y evitar nuevos actos de discriminación.
    Con mucho interés en promover y defender los derechos humanos, Gómez Bastida reconoció que no había puesto atención en el tema debido a que nunca se ha considerado discriminado. “No he recibido comentarios discriminatorios. Debemos terminar con las etiquetas que prevalecen en nuestra sociedad”.
    Añadió que los altos índices de quejas en las comisiones de derechos humanos de todo el país en contra de los ministerios públicos, por parte del sector de la diversidad sexual, fueron un detonante para plantear una solución de fondo.
    Otro factor determinante, fue que en febrero de 2010, entró en funciones la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, la cual sólo estaría vinculada a los homicidios, pero otro tipo de delitos quedarían sin atenderse.
    De esta manera, Gómez Bastida aseguró que desde abril pasado, cuando fue nombrado titular de la Agencia 5, después de más de 20 años de servicio en los Ministerios Públicos de la delegación Álvaro Obregón, se comenzó a ver esta opción, ante la realidad propia de esta agencia, en la cual, los delitos en los que están involucrados miembros de la comunidad LGBTTTI son una constante, sobre todo el robo.
    Posteriormente hubo un acercamiento con los colectivos de la diversidad sexual para definir los puntos de trabajo, y ante los cambios en el DF en torno al matrimonio universal, Bastida decidió involucrarse con ellos para conocer sus necesidades y recibir sugerencias para mejorar los módulos de atención del Ministerio Público.
    Explicó que este proyecto, cuyas funciones comenzaron el pasado lunes 10 de enero, surgió de la necesidad de brindar a la comunidad LGBTTTI un trato digno y de respeto a sus derechos humanos, en la que no se les etiquete por su orientación sexual, además de responder a los cambios legales en la Ciudad de México y sumarse a la iniciativa de creación de un Centro Comunitario para la comunidad LGBTTTI que brindará servicios en materia de salud, asesoría legal, cultura y turismo, entre otros.
    La unidad brindará atención especializada a las personas que acudan a su módulo en la calle de Génova número 30, en Zona Rosa. Además, cualquier agencia o fiscalía que tenga un caso en el que haya un miembro del colectivo LGBTTTI involucrado, será remitido a esta unidad.
    Así, la unidad empieza sus funciones con el reto de acercar a la comunidad de la diversidad sexual a las autoridades con la garantía del respeto a sus derechos humanos.
    Sobre su elección como titular de la agencia, el funcionario mencionó que es un gran “orgullo” ser parte de un proyecto incluyente que muestra al Gobierno del Distrito Federal “abierto” hacia este tema y comprometido para erradicar la discriminación hacia las personas gay en las dependencias capitalinas.
    Sin embargo, señaló que existe un gran reto social debido a que “muchos integrantes de la sociedad mexicana todavía no están preparados, necesario impulsar medidas en ámbitos como la educación pues no se habla de la diversidad ni se concientiza de su existencia”.

    Ola de violencia atenta contra periodistas mexicanos, revela informe

  • Asesinan a 30 durante el gobierno de Felipe Calderón
  • Cimacnoticias-Redacción NotieSe
    Aspecto de la marcha de periodistas contra la violencia realizada en 2010. Foto: Mario Alberto Reyes
    México DF, enero 13 de 2011.
    Defensoras del derecho a la información y especialistas en libertad de expresión manifestaron su preocupación por las constantes amenazas y agresiones contra periodistas y por las condiciones de violencia que afectan a la prensa mexicana.
    En el documento “El Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”, editado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) se concluye que a las y los periodistas mexicanos los matan “casi por cualquier cosa”.
    El texto fue redactado por reporteras como Sanjuana Martínez y Marcela Turati; la especialista Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), y Darío Ramírez, director de la organización protectora de los derechos de los periodistas Artículo 19, entre otros expertos.
    Los autores coincidieron en que las y los periodistas mexicanos trabajan en condiciones de desprotección e indefensión, lo que limita el ejercicio periodístico.
    De acuerdo con organizaciones civiles, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 30 periodistas han sido asesinados, 11 en 2010, 65 durante una década y 12 más permanecen desaparecidos. Ningún caso se ha resuelto.
    Para Sanjuana Martínez, los periodistas de provincia padecen la invisibilidad de la guerra entre las autoridades y el crimen organizado. “En este campo de batalla, los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua son algunos de los más peligrosos para ejercer el periodismo”.
    La periodista sostuvo que investigar se ha convertido en una tarea compleja porque las fuentes de información, entre ellas la policiaca, se han cerrado. Los funcionarios se excusan en tener un bajo perfil para evitar dar entrevistas y además el acceso a datos duros es imposible, argumentó.
    Advirtió que “preguntar, ver, buscar, cuestionar, puede ponerte en la mira”. Así lo demuestran las recientes amenazas contra la periodista Anabel Hernández, autora del libro “Los señores del Narco”, en el que documenta que el narcotráfico no podría existir sin el apoyo de políticos, banqueros y empresarios.
    En diciembre de 2010, Hernández denunció haber recibido información sobre un plan instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones para atentar contra su vida, pese a ello afirmó que continuaría con su trabajo de investigación.
    En este contexto, Brisa Solís apuntó que es necesario vislumbrar y analizar el problema de la libertad de expresión mediante el monitoreo y registro de agresiones contra trabajadoras y trabajadores de los medios.
    La especialista señaló que la intención es que las y los periodistas denuncien estos hechos con el objetivo de salvaguardar el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

    CARTONES DE LA JORNADA