Abatir cambio climático, VIH e influenza exige soluciones a escala mundial: Kumi Naidoo

Abatir cambio climático, VIH e influenza exige soluciones a escala mundial: Kumi Naidoo

Debemos asegurarnos de que a Durban, Sudáfrica, lleguemos al acuerdo que necesitamos

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 41

El director de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, afirmó que hay problemas como el cambio climático, el VIH y la influenza que no se pueden resolver localmente, sino que la solución debe ser a escala mundial, lo cual se dificulta porque el sistema multilateral de Naciones Unidas tiene deficiencias en la democracia, la transparencia y la concreción de las soluciones.

En entrevista, el activista sudafricano recordó que en la década de los 90 del siglo pasado había un promocional que decía: piensa globalmente, actúa localmente, pero, explica, una de las ironías a las que el mundo nos ha conducido es que mientras muchos países que sufrieron regímenes militares se volvían democráticos, el verdadero poder se movió a otros niveles, más allá de los nacionales. Así que si tomas ese promocional ahora, cualquier cosa que hagas a escala nacional también debe funcionar internacionalmente.

Los países más pobres, si sólo actúan localmente desaparecerán por completo del sitio donde está el poder real, que es en niveles globales. La Organización Mundial del Comercio (OMC), ejemplificó, se ha vuelto más poderosa en términos de reglas de comercio, hay muchos temas que tienen que ver con ella que no se pueden resolver a escala local.

Cuestionado sobre si el sistema multilateral de Naciones Unidas estaba en riesgo al no haber avances en materia de cambio climático, dijo que no es sólo el cambio climático, sino también la influenza, la fiebre aviar y el VIH, todo esto no respeta fronteras; no se puede resolver a escala local. Y a pesar de que las instituciones internacionales tienen mucho poder, lo cierto es que el sistema multilateral tiene varios déficit.

Activistas de Greenpeace realizaron un museo de arte bajo el agua para llamar la atención sobre el riesgo que corren millones de personas que viven en las zonas costeras, si no se toman medidas para frenar el calentamiento global. La imagen fue tomada el 5 de diciembre en CancúnFoto Ap

Enumeró que se dan en la democracia, reflejado esto en que el poder de las naciones desarrolladas es mucho mayor que el de los países en desarrollo; en transparencia, donde, por ejemplo, el escándalo de Wikileaks muestra los juegos sucios que los países desarrollados emprenden en estas negociaciones, y el de implementación, ya que hay decisiones sobre fondos financieros rápidos de los cuales los países en desarrollo no ven nada. En ese contexto, agregó, tenemos que reconocer que el multilateralismo siempre ha tenido problemas.

Agregó que en las negociaciones internacionales de cambio climático lo que se discute es el futuro del planeta, hablamos de paz y seguridad. La CIA y el Pentágono han reconocido que el cambio climático es uno de los mayores retos para la paz y la seguridad en el futuro.

El nivel de urgencia en materia de cambio climático no se está dando, después del fracaso de Copenhague nadie creyó que en Cancún se diera el acuerdo, justo, ambicioso y obligatorio que necesita el planeta. La gente llegó con bajas expectativas. Debemos asegurarnos de que en Durban, Sudáfrica, lleguemos al acuerdo ambicioso que necesitamos, confió.

Concluyó que en Cancún hubo más transparencia en la forma en que el gobierno mexicano manejó las negociaciones, en comparación con lo que hizo Dinamarca hace un año

Prueba Bus, módulo rodante para la detección de sida

El Prueba Bus es un módulo rodante de detección temprana del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que opera de manera gratuita en las 16 delegaciones del Distrito Federal y el área conurbada. Polo Gómez, creador del proyecto y activista por los derechos reproductivos, explicó que la unidad móvil da consejería, proyecta videos, reparte condones y realiza las pruebas de VIH, cuyos resultados están listos en tres minutos.

Es gratuita, confidencial, anónima, con todas las garantías de una prueba avalada por la Secretaría de Salud federal, con un rango de error mínimo, como si asistieras a un hospital o laboratorio, aseguró.

En la asesoría se explica qué son el VIH, el sida, las vías de transmisión, los fluidos corporales altamente infectantes, qué hacer en caso de obtener resultado positivo reactivo y adónde se canaliza a la persona.

Concluida la preconsejería, se llena un formulario de consentimiento y un cuestionario para conocer el curso de la epidemia en México.

La prueba –denominada INSTI (test rápido de origen canadiense para comprobar anticuerpos del VIH)– consiste en dar un piquete en la yema del dedo y el resultado está listo en tres minutos. De obtener resultado negativo, el consultante recibe orientación sexual, así como material impreso de apoyo. En caso contrario, se realiza una segunda prueba rápida (diferente a la primera) y, de persistir el resultado positivo, se hace una tercera prueba, confirmatoria, en la Clínica Condesa, así como estudios de seguimiento: carga viral, CD4, biometría hemática y los análisis necesarios, para ver en qué condiciones de salud está la persona para poderla atender con calidad y calidez, explica el promotor del Condomóvil.

El Prueba Bus cuenta con personal médico y sicológico capacitado por la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y por la AIDS Healthcare Foundation.

Gómez estima que en los dos meses de operación del vehículo se han realizado 5 mil pruebas y brindado orientación sexual a más de 20 mil personas.

El Prueba Bus regresará a las calles el 7 de enero próximo, de 18 horas a medianoche, jueves, sábado y domingo en la Zona Rosa; viernes, en la Alameda Central, y el resto de la semana irá a escuelas, unidades habitacionales y oficinas.

Se trata de un proyecto en colaboración del programa de VIH de la Ciudad de México, la Clínica Condesa y AIDS Healthcare Foundation

Apremia AI a acatar el fallo de la CIDH sobre justicia militar

Apremia AI a acatar el fallo de la CIDH sobre justicia militar

Civiles deben investigar los abusos cometidos por soldados, insiste

Prácticas de la brigada de fusileros paracaidistas en el Campo Militar número Uno. Amnistía Internacional apremió al gobieno mexicano a llevar a cabo las reformas en materia castrense ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos HumanosFoto Roberto García Ortiz

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 16

Amnistía Internacional (AI) apremió al gobierno federal a llevar a cabo las reformas al Código de Justicia Militar que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las violaciones a las garantías fundamentales que cometan efectivos castrenses contra la población sean investigadas por la justicia civil.

Mediante un comunicado, AI refirió que el lunes la CIDH volvió a exigir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, al pronunciar su sentencia en el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes, quienes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares en 1999.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos aseveró que ésta es la quinta sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la CIDH en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.

Precisa AI que cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la CIDH reitera la obligación del Estado mexicano para eliminar la jurisdicción militar en este tipo de delitos.

Sostiene AI que de acuerdo con lo expresado por la Corte Interamericana la propuesta de reformas presentada recientemente por el presidente Felipe Calderón no cumple con esta obligación y, por tanto, recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.

AI subrayó que espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia –caso Cabrera y Montiel– y en las resoluciones anteriores.

Las sentencias contra el Estado mexicano son por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, en la época de la guerra sucia; por las violaciones sexuales y las torturas infligidas a las indígenas de Guerrero Inés Fernández y Valentina Rosendo, y por las agresiones contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes. En todas ellas los acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos son militares

Fallo sobre ecologistas Cabrera y Montiel, para todos los casos de violación de garantías: CIDH

Fallo sobre ecologistas Cabrera y Montiel, para todos los casos de violación de garantías: CIDH

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 19

En su sentencia contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, cometidas por integrantes del Ejército, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de las alegadas vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.

Subraya que “esta conclusión aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las transgresiones de derechos humanos. El organismo internacional reitera al Estado su obligación de adoptar –en un plazo razonable– las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares mundiales en la materia y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en esta sentencia”.

De igual forma, la CIDH recordó al gobierno federal que “en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar y el bien jurídico lesionado han de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminados a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas castrenses.

“Por ello, la corte ha señalado anteriormente que en el fuero castrense sólo debe juzgarse a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden del Ejército.

La CIDH insiste en que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial”.

La sentencia precisa también que los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra una persona por efectivos militares son actos que no guardan, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense; por el contrario, los actos alegados cometidos por personal militar contra los campesinos Cabrera y Montiel afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana, como la integridad y la dignidad de las víctimas.

En la resolución se subraya que es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar.

Con base en las consideraciones anteriores, la CIDH concluye que la intervención del fuero militar en la averiguación previa de la tortura contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan, e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados.

En la resolución –que consta de 134 hojas– se destaca que el Estado mexicano no pudo demostrar la veracidad de los argumentos que esgrimió en relación a que los efectivos de la 35 Zona Militar retuvieron por dos días a los campesinos ecologistas de Guerrero ante la imposibilidad de trasladarlos de inmediato ante una autoridad competente.

En realidad, acusa el organismo internacional, efectivos militares detuvieron de manera ilegal a los ecologistas y los retuvieron por cinco días. La CIDH constató que desde el momento en que fueron detenidos, los agentes del Estado contaron con más de un medio para transportarlos y llevarlos sin demora, primero ante el Ministerio Público y posteriormente ante la autoridad judicial.

Tres sexenios de ignominia

A 13 años de la masacre en Acteal, Chiapas, el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, señaló que el caso ha trascendido en injusticia e ignominia durante los pasados tres sexenios.

En un comunicado manifestó que desde un principio la agrupación religiosa denunció ante los medios de comunicación y en tribunales la flagrante violación al procedimiento en perjuicio de los reos, a raíz de la indebida valoración de pruebas las cuales, indicó, a todas luces eran insuficientes para procesar y menos para condenar a los inculpados.

Lo anterior, agrega, se corroboró con los dictámenes periciales en distintas disciplinas y ciencias de que los agresores utilizaron menos de 13 armas de fuego, o la ausencia en la prueba de rodizonato de sodio, circunstancias todas que revelan que no pudieron ser 92 los autores materiales del multihomicidio, y que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhibe el cochinero y el montaje de la Procuraduría General de la República, de los jueces que durante 12 años de proceso han condenado

Arturo Farela, manifestó que desde un principio Cofraternice hizo públicas estas violaciones, incluso entregó en su momento varias carpetas que contenían los detalles a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, desde luego también se le solicitó por distintos medios a la actual administración federal para que en ejercicio de sus facultades revirara en la acusación y se efectuara la indagatoria fidedignamente, que como podrá verse, no hubo respuesta en ningún sentido y en ningún sexenio

Nos duele que la SCJN libere a los autores de la matanza de Acteal: Felipe Arizmendi

Nos duele que la SCJN libere a los autores de la matanza de Acteal: Felipe Arizmendi

Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, asistió a la misa que se realizó en Chiapas para recordar la masacre de ActealFoto Moysés Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de diciembre. Nos duele, nos indigna, nos decepciona que la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siga ordenando liberar a quienes los familiares y conocidos de los masacrados identifican como verdaderos autores materiales de ese crimen injustificable, expresó en Acteal (municipio de Chenalhó) el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, durante la conmemoración del 13 aniversario de la masacre ocurrida en el mismo paraje.

Esa instancia debería llamarse corte de legalidad o corte constitucional, como en otros países, puesto que sus decisiones no siempre responden a la verdadera justicia, sólo declaran si algo es conforme con las leyes del país, abundó el prelado. No le interesa si los asesinos son inocentes o culpables, sólo si en su proceso se cumplieron los trámites jurídicos. La sola legalidad a veces puede amparar injusticias comprobadas. Justicia, apuntó, es que no salgan libres los culpables y sean detenidos quienes tuvieron alguna responsabilidad en la planeación y ejecución de la masacre.

Para dicha conmemoración, la organización de sociedad civil Las Abejas realizó durante tres días el encuentro Tejiendo resistencia y autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia, que concluyó hoy. Participaron pueblos que construyen y defienden su autonomía en otras regiones de Chiapas, Oaxaca y Atenco. En su pronunciamiento final, las organizaciones y comunidades reunidas definieron brillantemente la autonomía, demanda central e incumplida de los pueblos indígenas en México: Entendemos la autonomía como el derecho a vivir como queremos, sin tener que pedir permiso y sin que otros nos impongan vivir como ellos quieren; como la libertad de cada pueblo de tomar decisiones sobre territorio, recursos, organización y educación; pensar por nosotros y nosotras. La autonomía inicia en el corazón de cada persona, no es sólo una meta, sino el camino en el que ya estamos.

También es tejer alianzas como queremos y globalizar nuestras luchas desde abajo, mantenernos con nuestro propio trabajo sin depender de ayudas ni programas de gobierno. Advierten: No le queremos hacer daño a nadie, sólo vivir en libertad, gozando del fruto de nuestra madre tierra que conseguimos de nuestro trabajo. Sin embargo, otros se molestan porque queremos vivir libres y quieren acabar con nuestra autonomía, imponer proyectos, hacernos dependientes de sus programas. Al que no quiere le aplican la contrainsurgencia. Pero nos mantenemos en la resistencia.

Recordaron que entre 1995 y 2000 la contrainsurgencia gubernamental provocó el robo de sus cosechas y el despojo de sus tierras, les quemaron sus casas y los obligaron a vivir desplazados. Mandaron a sus paramilitares, apoyados por la seguridad pública y el Ejército federal. En esas condiciones ocurrió la masacre en 1997. Después de 2000, el gobierno cambió de color y discurso pero en realidad siguió siendo el mismo, uno que cambió las balas de plomo por balas de azúcar, aunque sin dejar de utilizar las de plomo, cooptó líderes y pretendió cambiar el pensamiento y corazón de la gente.

El gobierno, acusan, nos quiere acostumbrar a ser mantenidos, le quita a la gente el gusto y el ánimo de trabajar. Y señalan: No aceptamos eso porque tenemos dignidad. Las raíces que hacen fuerte nuestra resistencia son la sabiduría de nuestros abuelos, tener conciencia y abrir los ojos; fortalecer nuestra identidad personal y colectiva.

Ante la liberación anticipada de decenas de paramilitares que participaron en la masacre, los indígenas manifiestan: No podemos esperar que la justicia venga de afuera. Tenemos que construir otra justicia. Como dicen los ancianos, saber escuchar nuestro corazón y no caer en la provocación ni el deseo de venganza. Nuestros pueblos han conocido, y nosotros tenemos que recuperarla, una justicia que no daña ni castiga sino que recupera y restaura. Llaman a seguir construyendo la autonomía, escuchando la sabiduría de nuestros abuelos, analizar lo nuevo aceptando lo que nos beneficia y rechazando lo que puede destruirnos.

El pronunciamiento concluye señalando que la represión vuelve a asomar su sucio rostro en Chiapas y México, y apunta sobre todo a defensores de derechos humanos, luchadores sociales, periodistas y comunicadores independientes

México, segundo en denuncias ante la CIDH

En los pasados siete u ocho años México se ha convertido en el segundo país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con cientos de demandas que se presentan a un ritmo de casi una diaria, lo cual deja ver la gravedad de este ámbito en la nación y el mal desempeño de sus órganos de procuración y administración de justicia.

Tal fue la advertencia lanzada por Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien se encarga de diversos casos de atentados contra las garantías individuales en los que está involucrado el Estado mexicano, incluido el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que el lunes pasado le valió a México una nueva sentencia en contra.

De estar en el lugar nueve o diez en 2002, México ha pasado al lugar número 2 entre los países con más denuncias ante la CIDH. Ha habido un gran incremento de denuncias, y en este año ya acumuló tres sentencias desfavorables, ejemplificó.

Reflejo del deterioro

Tan sólo Cejil se ha encargado de más de 30 casos contra el gobierno del país, en diversas etapas del proceso judicial, entre ellos los de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y el de los campesinos ecologistas. No tengo el dato exacto en este momento, pero sí puede decirse que son cientos de denuncias, con una frecuencia casi diaria.

Este hecho, por un lado, muestra la gravedad de la situación de derechos humanos en México, que se ha intensificado en los años recientes. Que el Estado mexicano esté siendo requerido tantas veces significa, por otro lado, que no está cumpliendo con las sentencias y demandas de los organismos internacionales. Sólo aparenta que está cumpliendo con ellos, enfatizó.

En el caso de Cabrera y Montiel, dijo, hay tres aspectos destacables de la resolución de la CIDH: la crítica abierta al fuero militar para juzgar violaciones graves a los derechos humanos y a la reforma insuficiente de Felipe Calderón en ese sentido; el escepticismo sobre mantener al Ejército en tareas de seguridad pública, y la condena a usar confesiones arrancadas bajo cualquier tipo de coacción.

Además de investigar los abusos sufridos por los campesinos ecologistas y castigar a los responsables, la CIDH ordenó al gobierno de México que optimice sus registros de detenidos, modifique su Código de Justicia Militar para actualizarlo con los estándares interamericanos, y otorgue recursos de defensa a los civiles que sean juzgados por las fuerzas armadas

CARTONES DE LA JORNADA