viernes, 12 de noviembre de 2010

Niega Abelleyra participación en hechos ilícitos en compras al IMSS

Con la finalidad de desactivar el escándalo generado por la denuncia sobre los presuntos actos de corrupción en las compras de medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayer Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), negó tener participación alguna en hechos ilícitos.

Reconoció que su voz se escucha en las conversaciones telefónicas dadas a conocer en noticiero televisivo y que con su interlocutor, Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos del Laboratorio Novartis, habló sobre una licitación del Seguro Social, cuyas bases iban a ser publicadas ayer jueves; pero aclaró: se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de la distribución.

Además de puntualizar que en dichas comunicaciones no participó ningún funcionario del Seguro Social, Abelleyra sólo agrega que la llamada –interceptada ilegalmente– fue sacada del contexto original y realizada a título personal; es decir, sin relación con sus actividades profesionales en el laboratorio Stendhal.

Esta firma informó ayer que por decisión de su consejo de administración, Abelleyra Cordero fue separado temporalmente de su cargo como presidente ejecutivo, el cual había asumido hace cuatro meses. Asimismo, Alejandro Kuri, encargado de Asuntos Públicos, dejó el cargo en la empresa a fin de que puedan colaborar con las autoridades y hacer uso de sus derecho en las instancias que consideren pertinentes.

Stendhal afirmó que las actividades de negocios, en las cuales están involucrados Abelleyra y Kuri no tienen ningún vínculo comercial con la empresa.

En el IMSS se mantuvo hermetismo. No se explicó ni siquiera la razón por la que a pesar de que desde el miércoles se sabía que ningún funcionario del instituto había participado en las conversaciones telefónicas difundidas, el director Daniel Karam esperó hasta ayer para aclararlo.

Trascendió que la salida a la denuncia de presuntos actos de corrupción en su interior se planteará como un asunto entre particulares en los que el instituto no tiene nada que ver.

Y es que la intención original de las grabaciones telefónicas era descubrir los supuestos malos manejos de uno de los ejecutivos participantes (Carlos Abelleyra o Rafael Castro) y sus presuntas actividades irregulares con el IMSS y con la Secretaría de Salud, en particular con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, afloraron las llamadas presentadas en la televisión, donde se menciona a César (Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS) que ayer jueves iba a publicar una licitación de la que en apariencia sólo tenía conocimiento Abelleyra, quien avisaba a Rafael Castro sobre esto y que el concurso sería estatal, específica para eso.

Luego se refirieron a porcentajes, que, se presume, eran la comisión que pagaría el laboratorio beneficiado con el contrato, pero que Abelleyra explicó que eran por concepto de distribución.

En el comunicado que el empresario difundió ayer subrayó que en los 27 años que tiene de experiencia en la industria farmacéutica ha ocupado cargos de alta dirección y gremiales en empresas nacionales y extranjeras, además de la presidencia de Canifarma.

En ese tiempo, indicó, he hecho de la integridad y apego a la ley mi forma habitual de conducta; de ello pueden dar fe mi historial y mis logros. Dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades para investigar y esclarecer el origen ilegal de las grabaciones, por una invasión ilegal a mi privacidad, así como el contenido de la plática entre dos particulares

Asignó Mora desde 2008 contratos a una misma empresa: proveedores

Las compras de víveres para guarderías y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona metropolitana de la ciudad de México tienen un retraso de por lo menos dos meses, por la decisión del ex coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, César Mora Eguiarte, de cambiar las bases de licitación con la finalidad de asignar los contratos a una empresa, la misma que hasta 2008 obtuvo éstos sin problema, gracias a los requisitos a modo, aseguraron proveedores.

Señalaron que en 2009 se interpusieron denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra de Mora Eguiarte –entonces subdirector de Servicios Administrativos de la delegación Norte del Distrito Federal–, pues manejaba las compras como mejor le parecía y convenía. El funcionario fue separado de su cargo en el nivel central del IMSS luego de la denuncia sobre su presunta participación en actos de corrupción en la compra de medicinas para el organismo.

Por instrucciones de la SFP algunos procedimientos fueron repuestos, aunque al final Mora terminó beneficiando a la misma empresa, previa descalificación de otros candidatos.

Las irregularidades fueron conocidas en las oficinas centrales del IMSS, por lo que el entonces coordinador técnico de bienes y servicios no terapéuticos, Sergio Durán Wong, envió un comunicado a delegados, jefes de servicios administrativos y directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad en el cual indicó que las convocatorias para la adquisición de víveres deberían permitir mayor participación de micro y medianas empresas.

En el mismo documento, cuya copia tiene La Jornada, el ex funcionario incluyó un proyecto de convocatoria, elaborado por especialistas en el área de nutrición del Seguro Social y asesores externos. La finalidad era que en los procesos de compra se corrigieran las anomalías detectadas.

Mora Eguiarte hizo caso omiso de las recomendaciones y concluyó las licitaciones con la asignación de los contratos a una empresa grande, la única que acreditó ser propietaria de la cantidad de vehículos que se pidió en la convocatoria para transportar los alimentos a hospitales y guarderías.

Durán Wong dejó el cargo una vez que Mora, su nuevo jefe, llegó a la coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en marzo de 2010, y éste buscó legalizar las licitaciones para la compra de víveres en todas las delegaciones del IMSS. Del área a su cargo se giró un oficio a los delegados en el país en cual les indican que deberían utilizar los nuevos formatos para las convocatorias de adquisición de víveres.

Según algunos proveedores, Mora Eguiarte seguía controlando las adquisiciones en la capital del país, e incluso, a su libre arbitrio en la delegación Norte

"Después del jueves" actuaría la PGJDF contra Onésimo Cepeda

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitará acción penal contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, o el ex administrador de la empresa Arthinia Internacional, Jaime Matute Labrador, si a más tardar el próximo jueves no interponen un recurso de revisión contra el amparo en el que un juez federal ordena a la dependencia solicitar orden de aprehensión contra ellos por fraude procesal.

El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, explicó que se espera que se cumpla el plazo de 10 días hábiles para que los afectados se inconformen con la resolución de la justicia federal de dejar sin efectos el no ejercicio de la acción penal en este caso.

De no hacerlo, agregó, la PGJDF cumplirá con la resolución, y solicitará la orden de aprehensión contra los implicados al juzgado 30 penal del fuero común, el mismo que en 2008 se la negó en dos ocasiones.

Arthinia Internacional acusa al obispo de apropiarse, con la complicidad de Matute Labrador, de una colección de pinturas.

Hija del gobernador de Guanajuato gana concurso financiado con el erario

León, Gto., 11 de noviembre. El primer lugar del Concurso internacional de Moda y Diseño (Creare), organizado por el gobierno de Guanajuato, lo ganó Rosa Oliva Martínez, hija del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, quien compitió con mil 100 participantes, lo que generó críticas y sospechas.

Anna Fusoni, coordinadora de Creare, dijo que las concursantes presentaron sus diseños en 10 categorías, y Sandra Oliva ganó un viaje de cuatro días a Las Vegas, Nevada, donde se realizará una feria de la moda.

Relató que cuando supo quién era la ganadora, su expresión fue: ¡Ay, caramba! ¡Vean!, porque “nadie en el jurado sabía que era la hija del gobernador y esto tiene que quedar claro. Pueden entrevistar a cualquiera del jurado.

“Ella estudió diseño de calzado en (la Universidad) La Salle, se graduó y tiene una pequeña empresa: ganó por un diseño de zapatos con tendencia renacer urbano, que es una moda juvenil para vida nocturna”, aseguró Anna Fusoni.

Sabedora de que se dudaba de sus palabras, insistió: No (hubo preferencia), ninguna, ninguna, ninguna. Ganó por su profesionalismo; pasó por todas las etapas. De repente ahí estaba en la final y ninguno de los jurados sabía quién era.

Entre algunos participantes se comentó que el diseño de Oliva Martínez es una copia de otro modelo, a lo que Anna Fusoni respondió: Hay que tener muy claro que las tendencias y las inspiraciones van tomando diferentes referencias; no puede haber la idea de que es una réplica. La gente se inspira.

Siempre hay inconformes

Interrogada acerca de las inconformidades que algunos concursantes manifestaron en la red social Facebook, dijo: Siempre habrá inconformidades. Yo llevo 25 años haciendo concursos y siempre hay inconformes.

Descartó que el premio de Rosa Oliva reste credibilidad al concurso que organiza el gobierno de Guanajuato para impulsar nuevos talentos del diseño de calzados y textiles.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable organizó el concurso para promover la creatividad de diseñadores profesionales y de estudiantes en las cadenas productivas cuero-calzado y textil-confección.

Ramón Alfaro Gómez, titular de la dependencia, reveló que el estado destinó dos millones de pesos para la realización de Creare, pero dijo que no sabía cuánto se invertirá para pagar el viaje de los ganadores a Las Ve

Lujambio insta a estudiantes a no caer en redes criminales

Frente a la violencia que enfrenta el país, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, pidió a estudiantes de secundaria y bachillerato no ceder ante las redes del crimen organizado.

Por otro lado, estudiantes, académicos e integrantes de organizaciones civiles marcharon del monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez para exigir al gobierno federal que ponga fin a la criminalización de jóvenes en los estados fronterizos.

No es con las armas y la violencia, sino con la energía de la educación como se puede ser libre, revolucionario e independiente, dijo Lujambio durante la premiación del undécimo Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2010.

A unos días de que se conmemore el centenario de la Revolución, el titular de la SEP dijo a los jóvenes que el estudio representa la forma de ejercer justicia, igualdad e inclusión.

La mejor manera de honrar y refrendar los ideales de libertad, justicia, igualdad, inclusión y democracia que nos heredaron nuestros héroes, es profundizar en ellos no con las armas ni con la violencia, sino con la fuerza de una educación de calidad, con equidad, que tiene en los jóvenes sus mejores frutos y aliento para el futuro.

Destacó que la lectura es el instrumento más poderoso de la inteligencia, mientras la expresión es la posibilidad del lenguaje como instrumento específicamente humano. Es reflejo de la cultura y la diversidad humana.

Por la tarde, estudiantes y organizaciones marcharon sobre Paseo de la Reforma hasta la Alameda Central. Al grito de ¡Juárez, Juárez no es cuartel, fuera el Ejército de él! los manifestantes exigieron al gobierno de Felipe Calderón cambiar la estrategia del combate al crimen organizado, porque ha golpeado a familias en todo el país.

Los jóvenes llevaban veladoras y pancartas en las que se leía: Alto a la masacre de jóvenes, no más fuerzas policiales ni militares, sí más dignidad.

Los organizadores de la marcha, entre ellos Cauce Ciudadano, Ser y Actuar en Equidad, Juventudes y Derechos Humanos, señalaron que la movilización tuvo como propósito repudiar el asesinato de estudiantes, obreros, niños y niñas que ocurre con frecuencia por ataques directos o en fuego cruzado entre integrantes del crimen organizado y las fuerzas del orden.

Demandaron que el gobierno federal reconozca su responsabilidad por la ola de violencia, que no sólo se debe a la delincuencia, y que se castigue a los autores de los asesinatos, sean delincuentes comunes, policías o militares, y que el Estado aplique políticas públicas constructivas para todos los jóvenes.

Al arribar al Hemiciclo a Juárez los manifestantes realizaron un enlace telefónico con organizaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes denunciaron que la madrugada de este jueves, alrededor de 30 policías federales irrumpieron de manera violenta y sin orden de cateo en el domicilio del estudiante en mecatrónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Javier Ordóñez, con el pretexto de que buscaban armamento, lo que derivó en agresiones contra sus familiares. Además, exigieron la renuncia de la titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila Vera.

El acto concluyó cuando los asistentes colocaron las veladoras sobre un símbolo de paz dibujado en el piso, además de que guardarom un minuto de silencio por los jóvenes que han fallecido durante el sexenio de Felipe Calderó

Insatisfactoria, iniciativa de Calderón sobre el fuero militar, advierte HRW a senadores

Insatisfactoria, iniciativa de Calderón sobre el fuero militar, advierte HRW a senadores

Poco cambiaría la situación actual en torno a violaciones de derechos humanos, señala

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 13

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, advirtió a legisladores de PRI, PAN y PRD –con quienes se reunió– que la reforma del presidente Felipe Calderón en torno al fuero militar es insatisfactoria, ya que no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y permite que persista la impunidad en delitos contra civiles cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.

Entrevistado antes de un encuentro que sostuvo por la noche con los senadores priístas Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes de las comisiones dictaminadoras de la reforma presidencial al Código de Justicia Militar, el directivo de HRW para México y América Latina refrendó la preocupación del organismo internacional en torno a la iniciativa del Ejecutivo, que había expresado ya en una carta que dirigió el martes a los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

Anoche, José Manuel Vivanco insistió en que el proyecto presidencial poco cambiaría la situación actual que se vive en México en torno a las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares, ya que sólo se incluye un número reducido de delitos que podrían ser investigados por el fuero común, y se pone en riesgo la posibilidad de juzgar a elementos del Ejército por desapariciones forzadas, ya que no se establece la imprescriptibilidad de ese delito de lesa humanidad.

Lo anterior –dijo– va en contra de convenios internacionales signados por el gobierno mexicano, donde se garantiza a los familiares de desaparecidos políticos lograr siempre justicia.

Destacó que HRW ha documentado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cada vez que recibe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reclasifica los delitos para reducir su gravedad, como sucedió en el caso de dos desapariciones forzadas en Chihuahua, que dejó en abuso de autoridad.

El directivo de HRW recomendó que en la reforma se incluyan otros delitos, como ejecuciones extrajudiciales, lesiones, abusos de autoridad –cuando se trata de detenciones arbitrarias– y abusos sexuales que califican como violación. “En otras palabras, que se amplíe la posibilidad de que el fuero civil pueda conocer de estas materias, porque ya sabemos lo que pasa cuando se mantienen las investigaciones en tribunales militares.

Expuso además que le preocupa el ritmo con que se dictamina la reforma. Ojalá se acelere su trámite, porque es muy importante para el estado de derecho en México que haya regla claras para la actuación del Ejército.

Los priístas Murillo Karam y Joaquín Coldwell expresaron que tomaron nota de las recomendaciones de Vivanco y que escucharán también la opiniones de otros especialista en la materia.

Por la mañana, el representante de HRW se reunió también con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, y con el perredista Tomás Torres

Pide la CNDH no matar más inocentes con pretexto del narco

Cuernavaca, Mor. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó al presidente Felipe Calderón y a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno que respeten la Constitución, pues advirtió que no pueden continuar asesinando a inocentes so pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada. Al asistir a la firma de un convenio sobre la conformación de una Red de Atención Integral a víctimas de secuestro en Morelos, dijo que ya van más de 100 muertes de inocentes cometidas por militares, marinos y policías federales. Además, señaló que en los pasados tres años han aumentado hasta en 30 por ciento las quejas contra soldados y efectivos federales, quienes sostienen esta lucha contra los integrantes del crimen organizado.

Forman comisión civil que coadyuve en el conflicto entre electricistas y gobierno

Miguel Concha, Rosario Ibarra y Alfonso Bouzas, entre los integrantes

Forman comisión civil que coadyuve en el conflicto entre electricistas y gobierno
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 18

El sacerdote Miguel Concha, Rosario Ibarra de Piedra y abogados como Alfonso Bouzas y Enrique González Ruiz, entre otros, conformaron una comisión civil para el seguimiento de los acuerdos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal”, a fin de incidir en una resolución al conflicto que enfrentan más de 16 mil 300 trabajadores, y encontrar una salida a la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.

En rueda de prensa, los integrantes de esta comisión refirieron que las explosiones generadas ayer en el Centro Histórico de la ciudad son la prueba palpable de que por soberbia e ignorancia el gobierno prefiere poner en riesgo a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los contratistas y los ciudadanos, antes que dar una salida al conflicto.

En tanto, el líder del SME, Martín Esparza, explicó que por la falta de mantenimiento de la red de esta zona de la ciudad cada vez hay más explosiones en mufas, estaciones y subestaciones, por lo que se está generando una bomba de tiempo para la ciudadanía.

Señaló que el gobierno federal no muestra interés en frenar esta situación; por el contrario, abona a la misma.

La recién creada comisión, según indicó el abogado Alfonso Bouzas, buscará acercamientos con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, con legisladores e instancias internacionales para alcanzar una salida negociada; por eso se decidió que la representación estuviera integrada por personalidades de la política, la academia y los derechos humanos, como son el obispo Raúl Vera y periodistas como Carlos Fazio y Miguel Ángel Granados Chapa.

El sacerdote Miguel Concha, defensor de derechos humanos, advirtió que la comisión se ha formado para hacer un trabajo concreto de coadyuvancia y no escatimará esfuerzos para ventilar el caso ante los mecanismos de justicia nacionales e internacionales.

Ibarra de Piedra aseveró que, con tal de acabar con uno de los sindicatos de mayor tradición de lucha en el país, al gobierno federal no le importa que se estén matando trabajadores inexpertos, y a los contratistas los manden a realizar estas reparaciones sin las mínimas condiciones de capacitación y equipamiento, lo que significa las peores formas de explotación laboral.

En su declaración inicial, los integrantes de esta representación exigen al gobierno que vuelva a la legalidad, cumpla con los acuerdos logrados a cambio de que los trabajadores terminaran con la huelga de hambre masiva y solucionen el conflicto, y demandaron que las autoridades federales solucionen el grave conflicto social que provocaron con el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Enrique González Ruiz explicó que la comisión podría mediar en las negociaciones para facilitar la construcción y cumplimiento de acuerdos. Eso dependerá de Gobernación, de que preste oídos a esta demanda de la sociedad civil.

A su vez, el secretario del interior, Humberto Montes de Oca, insistió en que las explosiones en el Centro Histórico se deben a la falta de mantenimiento de las redes subterráneas, la impericia y falta de conocimiento de los contratistas y empleados de la CFE que desconocen estas redes, y que eso viene a demostrar que no pueden con el suministro de energía en esta zona y, en cambio, se pone en riesgo a las personas.

Señaló que los accidentes se están conformando como crímenes industriales, por la irresponsabilidad de la CFE; dijo que de unos 30 incidentes que ocurrían en esa zona cuanto la atendía LFC, de un año a la fecha hay más de 115 explosiones, lo que indica que se han incrementado los siniestros más de cuatro veces

Analizará la CIDH el caso Acteal

Analizará la CIDH el caso Acteal
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 19

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 11 de noviembre. Después de seis años de presentar una solicitud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de los 45 tzotziles asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Señaló que ahora la CIDH estudiará los elementos aportados por los peticionarios contra el Estado mexicano para pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado, consideró que la decisión del organismo internacional “es un paso importante para aportar al camino hacia la verdad, memoria y reparación de lo sucedido en Acteal.

Este Centro considera que la CIDH halló elementos para admitir que el Estado mexicano violó lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivado de los hechos en el campamento de desplazados de Acteal, donde la víctimas oraban por la paz, aseveró el organismo que copresiden los obispos emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y de Saltillo, Raúl Vera López

Carta de De Paolis busca "eximir" a legionarios de abusos de Maciel, acusan

Niega el Episcopado que haya intención de cerrar la página

Carta de De Paolis busca eximir a legionarios de abusos de Maciel, acusan

Consideran víctimas que no habrá sanciones para los encubridores

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 21

La última carta que el delegado pontificio para la Legión de Cristo, Velasio de Paolis, envió a dicha congregación evidencia un intento del Vaticano por eximir de toda responsabilidad a los legionarios respecto a los abusos sexuales cometidos por su fundador, Marcial Maciel, coincidieron víctimas y denunciantes de las agresiones realizadas por el fallecido sacerdote en contra de seminaristas.

En contraparte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseveró que no hay intención de cerrar la página, porque el papa Benedicto XVI no claudicará ante estos problemas: ha sido claro, muy valiente, y los afrontará hasta las últimas consecuencias.

En Cuautitlán Izcalli, durante la 90 asamblea plenaria de la CEM, Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de dicho organismo eclesial sostuvo que para la Iglesia, en el asunto de la pederastia clerical, lo principal son las víctimas, reconocer su sufrimiento, el daño que se les ha causado, y por ello el Papa habla de reparación del daño moral y de poner los medios adecuados para que esto no se repita.

Aparte, en conferencia de prensa, José Barba, una de las víctimas de Maciel; Alberto Athié, ex sacerdote, y Fernando González, autor del libro El padre Marcial Maciel y los legionarios de Cristo, señalaron que tratar de deslindar de su responsabilidad a quienes rodearon al sacerdote pederasta es una maniobra que no tiene sustento, pues desde 1954 la Arquidiócesis de México fue enterada de los excesos de Maciel y en 1956 se notificó al Vaticano de forma detallada sobre los abusos sexuales del clérigo, su afición a un opioide sintético, el mal uso que hacía de las confesiones y sus movimientos económicos.

Barba comentó que cuando De Paolis dice que va a proceder con caridad, se entiende que no se va a hacer mucho con la Legión. Si dijera que se va a actuar con justicia habría alguna esperanza, y añadió que todo indica que no habrá sanciones en contra de quienes solaparon los actos de Maciel y cometieron los mismos abusos.

Barba también subrayó que el papa Benedicto XVI ha estado mintiendo, pues tanto él como su antecesor, Juan Pablo II, tenían pleno conocimiento de la situación de Maciel y la Legión.

Barba, Athié y González apuntaron que si el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien era encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no se enteró cuando la información salió a la luz, en 1997, tuvo que haberlo hecho cuando Athié le envió una carta sobre el caso, en 1999.

Rodríguez Gómez descartó que el Vaticano apueste a la impunidad en los casos de pederastia. Hemos pedido que se denuncie a las personas concretas para que las autoridades civiles hagan su trabajo; estamos en disposición de colaborar.

Cuando se le preguntó cuántas denuncias hay en México luego de ese llamado, dijo que esa no es competencia de la CEM, por lo que no tiene la información. Sostuvo que esos datos los saben las diócesi

CARTONES DE LA JORNADA