Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciaron las argumentaciones de sus denuncias por despido injustificado, interpuestas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Aunque desde el inicio de este año, cerca de 30 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), promovieron las demandas para conseguir la reinstalación en sus empleos, apenas en la semana que concluye se realizó la primera audiencia.
El SME argumenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe contratar a los ex empleados de LFC porque opera en la zona de influencia del extinto organismo y, por ello, se convierte en patrón sustituto, figura contempladas por la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 41 de la citada normativa señala que la sustitución patronal procede cuando un patrón o empresa transmite a otra diversa, por cualquier título, los bienes esenciales del establecimiento, con el ánimo de continuar la explotación del negocio.
El 11 de octubre, día de emisión del decreto presidencial para concluir la vida de LFC, la Secretaría de Energía traspasó la operación y los bienes del organismo a CFE, a fin de no interrumpir el suministro de energía en la zona central del país.
Esta demanda laboral (promovida por miles de electricistas, a través de despachos privados a nivel particular o colectivo y/o mediante las gestiones del SME) representa un litigio paralelo e independiente a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la constitucionalidad del decreto, pero que dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores pugnaran por otros derechos, incluidos los laborales.
Adicionalmente, el SME – encabezado por Martín Esparza– promoverá, de manera alterna a lo que determine la JFCA y eventualmente juzgados y tribunales en materia laboral, una demanda de nulidad del decreto de extinción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los abogados del SME argumentan que el decreto no fue antecedido por un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), paso necesario para dar validez a la publicación y puesta en vigor de cualquier decreto; al no haberse satisfecho ese requisito, afirman, el acto (decreto) no produce ningún efecto”.
Mientras transcurren ambos procesos, funcionarios y dirigentes sindicales siguen en negociación política, en la Secretaría de Gobernación, en busca de una salida negociada al conflicto que está por cumplir un año.
Las conversaciones, en favor de la petición del SME para la reposición del proceso electoral en esta organización gremial (vía para el posible reconocimiento oficial a la dirigencia encabezada por Esparza) son lideradas por el titular de esta dependencia, Francisco Blake, y su subsecretario de Asuntos Jurídicos, Felipe de Jesús Zamora, quien en los últimos días ha estrechado la comunicación con el líder sindical para avanzar en la votación sindical, misma que deberá contar con el visto bueno de la JFCA.
De ser positiva la respuesta de la JFCA a los intereses del SME y la gestión de Blake y Zamora, la Junta tiene que definir el tiempo y forma del proceso electoral en el SME
