Basura genera 45% de eléctricidad para alumbrado público en Monterrey

El costo de esta energía es 10 por ciento menor a lo que cobra CFE y la planta generadora Benlesa es la única en su tipo en México y fue la primera en toda América Latina.

Notimex
Publicado: 01/01/2010 11:35

Monterrey. Un 45 por ciento del alumbrado público de la zona metropolitana de Monterrey es cubierta por la energía renovable que se obtiene del uso del combustible biogas que genera el relleno sanitario ubicado en el municipio de Salinas Victoria.

En la actualidad se cuenta con la planta generadora de energía eléctrica Benlesa con una capacidad de 12.72 megawatts y se conforma de 12 motogeneradores de 1.06 megawatts cada uno con la proyección de ampliarla el próximo año a más de 16.

De esta forma se brinda energía a los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe y Apodaca.

Asimismo, cuentan entre sus usuarios al organismo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Gobierno de Nuevo León y el DIF, señaló en entrevista con Notimex, Rubén Simental Angulo, delegado administrativo de la planta Bionergía de Nuevo León (Benlesa).

Destacó que en esta planta participan el gobierno del estado, a través del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) y la empresa Sistemas de Energía Internacional, S. A. (SEISA).

La energía eléctrica generada por la planta de las 19:00 a las 7:00 horas es aprovechada principalmente para alumbrado público, utilizando para esto la red del sistema eléctrico nacional de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El funcionario detalló que el 45 por ciento actual de cobertura en el alumbrado público, equivale a suministrar electricidad a más de 25 mil casas del tipo de interés social.

Detalló que durante el día, la energía es utilizada para satisfacer necesidades de energía del resto de los socios, destacando principalmente el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, el cual a lo largo de 18 años de servicio, ha transportado a 835 millones de usuarios.

Señaló que el uso de energía limpia proveniente del biogas permite a Metrorrey reducir la emisión de 200 mil toneladas de gas metano al año, así como un ahorro de 5.8 millones de pesos anuales por consumo de electricidad, lo cual equivale a retirar de la circulación a 90 mil vehículos o plantar 970 hectáreas de bosque.

Manifestó que "el costo de la energía es 10 por ciento menor a lo que cobra CFE, es el atractivo que le ofrecemos a los usuarios, a nivel nacional somos la única planta que generamos energía eléctrica por medio de la basura y fuimos la primera en toda América Latina que se construyó".

De 2003 a la fecha, indica, "la planta de biogas ha generado 393 mil 341 mw/hora de energía, para generar esta energía hemos destruido dentro de los motogeneradores el metano, que es un gas que va dentro de los gases generados alrededor del relleno sanitario, de ahí se genera biogas".

"Con ese metano consumido dentro de las máquinas para generar energía, hemos consumido al día de hoy 78 mil 589 toneladas métricas de metano, es netamente contaminante, son de los gases que ocasionan el efecto invernadero, y las unidades de contaminación están en CO2", comentó.

Añadió que "si yo hago la equivalencia de reducción de emisiones de CO2 por este metano quemado, estamos hablando que hemos reducido un millón 351 mil 171 toneladas métricas de CO2, eso es lo que yo he dejado de contaminar al ambiente, al quemar metano dentro de los motogeneradores para la generación de la energía eléctrica".

Agregó que, "además de la generación de energía eléctrica, esta planta también tiene beneficios ecológicos ambientales, uno de ellos es que al destruir metano evitas que se contamine el ambiente con CO2".

Actualmente, Benlesa está inscrita para reclamar los bonos de carbono a partir de febrero, hasta el mes de julio de 2009, "es lo que se va a reclamar, creo que son 90 mil bonos de carbono, que se pueden reclamar hasta 2012".

Hoy en día, agregó, "con un millón de toneladas de basura podemos generar un megawatt para energía eléctrica, si tenemos capacidad instalada de 16.96, estamos hablando que tenemos un poco más de 17 millones de toneladas de basura ya confinadas -en Simeprode-".

"Al quemar el metano y consumirlo en las máquinas, no lo mandas al aire, tenemos la equivalencia de lo que contaminan los automóviles, estaremos hablando que esta planta, con la capacidad actual, es como si retiráramos de la circulación 150 mil vehículos", aseguró.

"Si este gas metano no lo aprovecháramos nosotros se iría al medio ambiente, porque empieza a migrar al aire y netamente es un gas de efecto invernadero", ad

México, nación de alto riesgo para periodistas ante inacción del Estado

Ninguna autoridad se interesa por frenar las agresiones, acusó Darío Ramírez, director de Artículo XIX

IPS
Publicado: 01/01/2010 11:30

México, DF. La inacción gubernamental y la incapacidad de los medios de comunicación para proteger a sus periodistas en zonas de riesgo han contribuido a convertir a México en el país más peligroso en el continente para ejercer el oficio.

Los informadores en México han vivido el peor año en el desempeño de su profesión a causa del asesinato de 13 colegas, los que se mantienen impunes, en la mayoría de los casos.

"La respuesta del Estado en cumplimiento de sus obligaciones de brindar un entorno de libertad en el ejercicio de la libertad de expresión está ausente, estamos en una situación muy desoladora, porque ninguna de las autoridades muestra algún tipo de interés por frenar o mitigar las agresiones", señaló Darío Ramírez, director de la oficina mexicana de la organización británica Artículo XIX.

A pocos días de terminar el año se registró un nuevo acto de violencia contra comunicadores. Alberto Velásquez, reportero del periódico Expresiones y colaborador de una televisora local, fue asesinado a balazos el 23 de este mes en la localidad de Tulum, Quintana Roo.

Desde 2000, 57 profesionales han sido asesinados y al menos ocho se encuentran desaparecidos.

Detrás de México se ubica Colombia como lugares riesgosos para los periodistas en el continente americano. En 2009, al menos tres periodistas han sido asesinados y se han registrado agresiones e intimidaciones, según la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París.

"En México cada vez son más los periodistas que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas", denunció la oficial, pero autónoma, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al hacer un recuento de las vicisitudes enfrentadas por los informadores mexicanos durante este año.

A pesar del progresivo empeoramiento de la situación de los comunicadores en cuestiones de seguridad, el gobierno y las autoridades locales han optado por mirar hacia otra dirección.

En 2006, surgió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), adscrita a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) y a cargo de Octavio Orellana.

En su corta vida, la FEADP ha atendido un centenar de expedientes, de los cuales al menos cuatro han llegado al escritorio de un juez. Por eso, las agrupaciones de defensa de la libertad de expresión la consideran un fiasco.

Sobre los 13 comunicadores asesinados este año, las autoridades mexicanas presumen de la captura de los sospechosos de ejecutar a cinco profesionales de la comunicación.

Al asumir sus escaños en septiembre, los miembros del Congreso legislativo decidieron la abolición de una comisión especial para atender denuncias de ataques a periodistas.

Además, los diputados aún no aprueban una reforma legal para que la PGR investigue los hostigamientos, por lo cual esos actos siguen bajo la jurisdicción de las fiscalías locales, incapaces de indagar esos hechos.

"Necesitamos un andamiaje que nos permita tener transparencia de datos, libre acceso a la información y toda la libertad que se requiere para decir la verdad, pero, sobre todo, que no cueste, porque en México a veces cuesta la vida decir la verdad", manifestó Armando Prida, presidente de la no gubernamental Fundación para la Libertad de Expresión, en un balance de los sucesos relacionados con los periodistas en 2009.

Los periodistas han quedado enredados en el torbellino violento del narcotráfico, especialmente en las zonas donde las bandas se disputan a tiros el mercado de estupefacientes ilícitos. Aunque las autoridades arguyen que los crímenes no han tenido nexos con su trabajo, las asociaciones de comunicadores argumentan lo contrario y reclaman una investigación profunda.

En varios casos, las víctimas cubrían la fuente policial y habían abordado asuntos ligados al tráfico ilegal de enervantes.

En el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, muchos diarios han optado por dejar de cubrir temas vinculados con esa actividad criminal. En otros casos, los reporteros no firman las notas, para evitar represalias.

"La pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones de más dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en todos los niveles del poder no son las únicas en tela de juicio en la perpetuación del calvario de la prensa mexicana", señaló en su informe especial de septiembre "México. Los entresijos de la impunidad".

Esa institución también además que "las autoridades también se han convertido en cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos, entre otros el de informar".

Una delegación de esta organización francesa visitó México en julio pasado para constatar las acusaciones recibidas. De esa gira emanó su reporte sobre el país.

El primer asesinato de un comunicador este año fue el de Jean Paul Ibarra, del Diario 21, en febrero pasado en el estado de Guerrero, al sureste de la capital mexicana. Ibarra cubría asuntos policiales.

Ante el rosario de crímenes y amenazas, sindicatos del gremio, trabajadores de los medios de comunicación y periodistas independientes crearon en diciembre de 2008 el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión para estructurar una red de denuncia y defensa ante agresiones, promover asesoría jurídica y montar campañas para resguardar la labor periodística.

Ramírez, de Artículo XIX, que se dedica a la promoción de la libertad de expresión en todo el mundo, citó "la poca preparación de los medios para enfrentar una realidad completamente distinta a cómo se ejercía periodismo en la historia de México".

"Es preocupante que ninguno de los medios se está preparando para un clima hostil, para cubrir zonas de alto riesgo", añadió.

Artículo XIX y otras organizaciones han propuesto la creación de una comisión de protección a periodistas, integrada por representantes del gobierno, de asociaciones de comunicadores y de entes sociales, pero el planteamiento no ha prosperado.

La capital mexicana y los estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas cuentan con programas de seguimiento y protección a periodistas en peligro.

RSF sugirió que esos programas sean fortalecidos donde ya funcionan y extendidos al plano nacional. Además, la organización francesa recomendó "una reforma orgánica de la PGR y de sus herramientas de lucha contra la impunidad, en particular la fiscalía, que se debe dotar de medios de investigación y de poderes jurídicos ampliados"

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