martes, 18 de agosto de 2009

Personas en situación de calle pululan en seis delegaciones; 35% son jóvenes

Surgieron hace más de 20 años, principalmente en 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados Richter sacudió al Distrito Federal, derrumbando casas y edificios, pero principalmente destruyendo cientos de familias.
Son los jóvenes de la calle, quienes abundan en delegaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán; sin embargo, para los capitalinos ya es común verlos deambular drogados o sucios por avenidas, parques y jardines, que han tomado como morada. Detrás de cada persona hay historias de desamor, golpes, abando o vejaciones, en muchos casos a manos de sus familiares.
Ramón Ayala tiene 25 años, de los cuales lleva más de 17 viviendo a la intemperie. Recuerda que llegó de Michoacán a la capital muy pequeño, “mi padrastro me pegaba mucho, aquí se ven las cicatrices en mis piernas, esto me lo hizo él, por eso decidí salirme de la casa y venirme pa’cá”, dice mientras se llevá a la boca una estopa bañada en tíner, a la vez que muestra algunas de las cicatrices que tiene en el cuerpo.
Por su parte, Irving Ramírez, quien a causa de los estupefacientes tiene los ojos hinchados y la mirada perdida, molesto reclama el respeto de las personas cuando los ven. “Como somos sociedad de calle (sic), nos ven feo, nos dicen groserías. Nosotros no les pedimos un taco, pa’ eso nos movemos limpiando carros, vendiendo paletas, hay algunas personas que sí se portan gente, nos traen que la comida, ropa, pero hay otras que nos tratan de la chingada”, expresó.
Ambos jóvenes pertenecen a un grupo de aproximadamente 30 personas que duermen en la esquina de Artículo 123 y Humboldt. Al igual que ellos, hay alrededor de 2 mil 800 personas en situación de calle, de las cuales 35 por ciento corresponde a jóvenes hasta de 29 años y 10 por ciento son menores, según el más reciente censo elaborado por el Instituto de Asistencia e Integración Social del DF (IASIS-DF), que en esta ocasión realizó un recorrido por calles de la delegación Cuahutémoc para brindar a estos adolescentes dónde comer y asearse.
De acuerdo con el titular de la dependencia, César Cravioto, esta ayuda forma parte del programa Brigadas Callejeras, en el que trabajan con aproximadamente 300 jóvenes. “Se invita a chavos en esta situación a que asistan a un albergue a bañarse y pasen a uno de los comedores que tenemos en Coruña y Pino Suárez. Además, se les da ropa para que se cambién”, detalló.
El funcionario señaló que en los próximos días trabajarán con un grupo para apoyarlo en su desintoxicación y, posteriormente, capacitarlo para el trabajo. “Si quieren vivir en la calle nosotros no podemos impedirlo, porque es un derecho que tienen, pero si quieren mejorar su entorno vamos a identificar los casos de los chavos que quieren salir de las drogas, para lo cual los llevamos a nuestro centro de Torres de Potrero con el fin de que lleven un proceso de desintoxicación de seis semanas y dejen la droga, y si quieren continuar sus estudios, pues veremos con el INEA.
“Veremos en qué grado se quedaron de estudios; si les faltan papeles, les sacamos los papeles de la escuela y sus actas de nacimiento para que puedan continuar. Si alguno de ellos ya rompió el ciclo de las adicciones y quiere un empleo, pues lo capacitamos por conducto de la Secretaría del Trabajo, para que puedan tener un empleo y sean productivos.”

Niega PGJE que encarcele por abortar

León, Gto., 17 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del estado se deslindó de los casos de mujeres que abortaron y fueron sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”, delito que se castiga hasta con 35 años de prisión. “Quien emite la sentencia es el juez”, dijo el titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre.
En ocho años personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato ha denunciado ante el Ministerio Público a 130 mujeres que abortaron; nueve fueron sentenciadas y 11 son procesadas, según la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.
El gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, niega que haya mujeres encarceladas por abortar, pese a que la PGJE publicó el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, que contiene testimonios de internas que se practicaron legrados y fueron sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”.
Juristas consultados dijeron que si las reclusas fueron sentencias antes del 26 de mayo pasado, cuando se publicó la reforma al artículo primero de la Constitución local, que garantiza “el derecho a la vida desde la concepción”, se cometió una “flagrante violación” a la ley, pues no existía base jurídica, y si fueron a la cárcel después, se incumplieron normas federales “por un mero criterio ideológico”.
En el libro de la PGJE el antropólogo Gustavo Ibarra Irigoyen recoge las historias de Gabriela, de 20 años de edad, sentenciada a 25 de prisión por homicidio en razón de parentesco “en agravio de su hija de siete meses de gestación”, y de Raquel, de 21 años, a quien impusieron una pena de 26 años por abortar a su hija “en proceso de gestación”.
Luego de una reunión con empresarios, el procurador Zamarripa Aguirre dijo que sólo hay mujeres presas “por matar a sus hijos”, pero cuando se le mostró el libro, publicado durante la gestión de su antecesor, Daniel Chowell Arenas, respondió: “Habrá que ver por qué se está sentenciando así”, pues aborto y homicidio en razón de parentesco “son figuras jurídicas distintas”.

Leyes pro vida, fracaso cultural de la derecha, señala Monsiváis

Querétaro, Qro., 17 de agosto. La derecha quiere fiscalizarlo todo, y su campaña contra la despenalización del aborto es porque desemboca en la ampliación del Estado laico, que se da partir de las exigencias de la bioética y los derechos ocultos de minorías y mayorías, pospuestos o cancelados hasta ahora, señaló el escritor Carlos Monsiváis.
“A la derecha le importa el ejercicio del poder, que le permite negociar y refrendar a la sociedad que vive en culpa y pecado”; pero la lucha del Partido Acción Nacional (PAN) contra la despenalización del aborto, con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo ha tenido un éxito legislativo que “no significa gran cosa”, pues desde el punto de vista de la sociedad hay una “despenalización moral” expresa.
En la participación que envió por escrito a las audiencias públicas del Congreso local, donde se analiza la llamada ley antiaborto del estado, Monsiváis asegura que negar a mujeres violadas el derecho a abortar, como ya se aprobó en varios congresos estatales, implica “simplemente creer que las concepciones medievales regresan al gusto de una minoría”.
Se preveía que el escritor expondría su punto de vista ante los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, pero no acudió y su ponencia de 10 cuartillas fue leída por Modesto Sixtos Cervantes.
En su texto, Monsiváis define la derecha como una “decisión de pensar por los demás y ordenar a los demás un comportamiento”, y como “la usurpación organizada del libre albedrío en nombre de Dios o de la empresa y el libre mercado u otros componentes de la Trinidad, la moral y las buenas costumbres”.
La derecha, añade, es la herencia virreinal que se extiende a la “tradición de intolerancia hasta 1857”, cuando el desarrollo de las libertades, principalmente la de culto, se logra merced a las Leyes de Reforma, aunque en su enfrentamiento con el Estado se arrogó “el control de la formación de la clase dirigente” para también apropiarse de la “educación de las elites”.
La derecha, recordó, hizo campaña contra la educación sexual en 1932, cuando el entonces secretario de Educación, Narciso Bassols, proponía incorporarla en la instrucción primaria y secundaria; mientras, la censura se volvió su “enclave más poderoso” y sirvió para negar a la sociedad “la mayoría de edad sicológica y cultural”.

Imagen del 24 de julio, cuando un grupo de mujeres se manifestó frente al Congreso de Querétaro, donde se llevaba a cabo una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la llamada ley antiaborto Foto Demián Chávez
Otra fortaleza de la derecha, agregó Monsiváis, es el control histórico sobre las mujeres, con “la consagración del machismo en la vida social” y la culpabilización de las víctimas, que ha prevalecido hasta fechas recientes. Sin embargo, el aborto ya es “un tema más”, no un tópico prohibido, lo cual “prueba el fracaso cultural de la derecha, que no entiende las limitaciones del mero triunfo legislativo”.
El “bastión central de la derecha”, escribió, es la noción de pecado y el sentimiento de culpa, al estar contra el cine “obsceno” de los años 50 y lanzar campañas “desde los púlpitos contra Agustín Lara y Cri-Cri, o con la quema de revistas pornográficas” y el decomiso de material “pecaminoso” antes de llegar a expendios de periódicos y revistas.
El poeta Hugo Gutiérrez Vega tampoco pudo acudir. Su ponencia, leída por Luis Felipe Zamudio, indica que oponerse a la despenalizacón del aborto es un retroceso histórico, una falta de respeto a la capacidad de decisión de las mujeres y un ataque al Estado laico.
Martha Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dijo que un Estado que penaliza el aborto sacrifica la vida de las mujeres embarazadas, las deshumaniza, atenta contra su carácter de personas y las confunde con un simple vehículo de desarrollo molecular.
Si los diputados locales aprueban la iniciativa presentada por el panista Fernando Urbiola Ledesma “estarán violando tratados inernacionales en materia de derechos humanos”, advirtió la funcionaria capitalina.
Patricia Mercado, ex candidata del Partido Social Demócrata a la Presidencia de la República, llamó a los legisladores panistas de la entidad a “recuperar su camino y su doctrina democrática”, en lugar de cometer más errores como los que provocaron su reciente derrota electoral.

Pide AI la inmediata liberación de Jacinta

Amnistía Internacional (AI) declaró como “presa de conciencia” a Jacinta Francisco Marcial, indígena mexicana condenada a 21 años de prisión por el presunto secuestro de seis agentes federales, y demandó al gobierno de México su inmediata libertad, “sin condiciones”.
Desde su sede en Londres, la organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y permanece en la cárcel “sólo por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Puntualizó que además de unas fotografías en las que aparece en un incidente ocurrido en un mercado público, “jamás se ha presentado ninguna otra prueba de su participación” en el secuestro que se le imputa.

La matanza no debe quedar en la impunidad: funcionario de la ONU

Acteal, Chis., 17 de agosto. Una consecuencia inadmisible de que los responsables de procurar e impartir justicia vulneraran derechos procesales indispensables para garantizar un juicio justo es que la matanza de Acteal quede impune, dijo Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A invitación de la organización civil Las Abejas, el diplomático visitó esta localidad del municipio de Chenalhó –donde el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas–, y agradeció a sus anfitriones la oportunidad de conocer de viva voz los hechos ocurridos.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que hubo diversas irregularidades en la atención del caso, “revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas”, expresó Brunori.
Tras escuchar los testimonios de sobrevivientes y familiares de la matanza de Acteal, al ver imágenes de las víctimas y tomar contacto con la situación de desesperanza en que se encuentra la comunidad, el representante de Naciones Unidas dijo que le cuesta trabajo creer que después de casi 12 años “la justicia no ha llegado plenamente”.
Por ello, solicitó a las autoridades mexicanas realizar “una investigación minuciosa, independiente e imparcial que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad sobre las circunstancias en que se cometió la matanza, y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación del daño conforme a los criterios internacionales”.
Brunori recordó que en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (de 2003), se documentó que la matanza de 45 civiles y menores indefensos, perpetrada por “un grupo de personas con armas de alto poder”, era el incidente más dramático producido en el conflicto de Chiapas, que no se había aclarado plenamente ni se había hecho justicia.
“Esta situación permanece vigente”, sostuvo. También se solidarizó con el sufrimiento de los familiares de las víctimas y manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse, por lo cual pidió a las autoridades estatales garantizar la vida y la integridad de los pobladores de Chenalhó.
A su vez, la organización civil Las Abejas dijo que tras la excarcelación de 20 indígenas acusados de participar en la matanza, “lo viable es que se manden a la zona observadores nacionales e internacionales, pero de ninguna manera gente del gobierno”.
Brunori visitó el sitio donde fueron asesinados 21 mujeres, nueve hombres y 15 menores; luego se reunió en privado con sobrevivientes, familiares de la víctimas y dirigentes de Las Abejas y del Centro Fray Bartolomé de Las Casas.
Mientras, en la capital del estado, siete de los 20 indígenas liberados se declararon “sin partido ni organización”, y dijeron que esperarán para ser reubicados, mientras los otros 13 permanecen bajo tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista, organización que fue un actor político de la región.

Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal‏

Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal
Difusión Cencos México, D.F., 14 de agosto de 2009
Comunicado
Organizaciones civiles de defensa y promoción de derechos humanos
SCJN dio su aval a la impunidad con su decisión sobre el caso Acteal.
La resolución confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
Levantamos la voz para exigir justicia por los 45 asesinados en Acteal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal. Los ministros de la Primera Sala de la SCJN justificaron su decisión en el hecho de que las sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). De igual manera resolvieron que ésta, junto con jueces y magistrados violaron gravemente las garantías procesales de los sentenciados.
La Suprema Corte no se pronunció con respecto a la culpabilidad o inocencia de los indígenas amparados, sino que se limitó a señalar que hubo actuaciones contrarias al orden constitucional por parte de la PGR, así como de los jueces y magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, su decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad. Cabe destacar que al momento actual, los familiares de los sobrevivientes no han encontrado acceso a la justicia: ni sanción a responsables, ni reparación integral del daño.
La resolución adoptada por la Primera Sala del Máximo Tribunal confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.
Frente a esta realidad levantamos la voz para exigir justicia por los 45 niños, mujeres y hombres asesinados en Acteal. Confiamos para ello en el compromiso decidido de los sobrevivientes y sus familiares. Mientras estos crímenes no sean esclarecidos, ni los responsables –tanto materiales como intelectuales– sean debidamente procesados y sentenciados, cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad.
Nos solidarizamos con quienes en Acteal sufrieron la injusticia y la siguen sufriendo y avalamos la coadyuvancia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el caso Acteal. Por lo tanto también expresamos nuestro compromiso para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia. De ello serían responsables tanto el gobierno del Estado de Chiapas como el gobierno federal, que en 12 años han sido manifiestamente incapaces para proponer soluciones reales y se han empeñado en seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.
ORGANIZACIONES:
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P." A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
Centro de Derechos Humanos”Fray Francisco de Vitoria O.P.”A.C.
Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC)
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo Garrapathos; Querétaro
Comisión de Religiosos de Justicia, Paz y Vida
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM JALISCO)
Comité Monseñor Romero
Contraimpunidad (Uruguay)
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
Equipo Indignación A.C. , Mérida, Yucatán
Fuga A.C., Espacio Alternativo
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
Mujeres Sin Mied
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Paz con Democracia
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Red de Solidaridad con Chiapas
Red Guerrerense de Organizaciones Civiles y de Derechos Humanos
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juáre
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Sistema Universitario Jesuita: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (ITESO), Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, Oaxaca, Universidad Loyola del Pacífico.
Tinku - Dinamarca
PERSONALIDADES:
Carlos Morfín Otero SJ, Provincial de la Compañía de Jesús en México
Gonzalo Ituarte Verduzco, Provincial de la orden de predicadores (Dominicos) en México.
Fray Miguel Concha Malo, O.P., Promotor Regional de Justicia y Paz de los Dominicos en América Latina y El Caribe
Pablo González Casanova
Carlos Fazio
Julieta Egurrola
Humberto Robles
Carmen Huete
Enrique González Ruiz
Ofelia Medina
Begoña Lecumberri
Ana Esther Ceceña
Giovanna Cabazola
Teresa Zacarías
Claudia Santiago
Rodolfo Stavenhagen
Juan Brom
Francesca Guillén
Guillermo Briseño
Juan Bañuelos
Dolores González
Miguel Álvarez
Pablo Romo
Magdalena Gómez
Bruno Bichir
Guadalupe Bringas
Angélica Araceli Reveles Soto
Denise Ramirez
Vicente López
Adolfo Gilly
Luciano Concheiro
Patricia Rodríguez Jurado, Argentina
Oscar Rivera
Malcom Aquiles
Gilberto López y Rivas
Alicia Castellanos
Victor Flores Olea
Paulina Fernández
Para mayor información comunicarse a:
Área de Comunicación y Análisis del Centro Prodh
Quetzalcoatl g. Fontanot (04455 3917 5068)
Teléfono: (0155) 55468217, extensión 110
Correo electrónico: analisis@centroprodh.org.mx
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

el universal, "El rector alerta de estallido social". Revista PROCESO...‏

Durante la inauguración del Foro de Vinculación Empresarial, criticó que para enfrentar la situación la Secretaría de Hacienda determine un recorte al gasto.
“Las tijeras ya no sirven, el bisturí para recortar ya no resuelve, necesitamos otro tipo de remedios”, expresó.
El problema “no se va a resolver con las viejas recetas de hace 10 o 20 años”, agregó Narro.
En su discurso, el rector de la máxima casa de estudios destacó que la mejor apuesta de México para salir de la crisis debe ser invertir en sectores prioritarios como la educación y la salud: “Si no se entiende a la educación superior y a la ciencia como palancas para el desarrollo, la nación no podrá salir adelante”.
El viernes pasado Hacienda planteó al Congreso de la Unión un recorte de 50 mil millones de pesos en las finanzas públicas y propuso quitar 7 mil 800 millones al presupuesto educativo.
En este contexto, los municipios no han escapado a la falta de recursos y 95% de ellos están en quiebra. Ante esa situación, diputados de PRD y PAN advirtieron que el narcotráfico puede utilizar la crisis para penetrar las estructuras de gobierno locales; por esa razón exigieron a Hacienda paliar la falta de recursos.
Llamaron a los alcaldes a asumir su responsabilidad y administrar adecuadamente los ingresos y egresos.
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Revista PROCESO
MÉXICO: VIOLENCIA DESBORDADA

CARTONES DE LA JORNADA