lunes, 10 de agosto de 2009

Dos niños fueron contagiados de VIH/sida en hospital del IMSS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, por el contagio de VIH/sida de dos menores de edad, luego de recibir trasfusiones sanguíneas en el Centro Médico Nacional La Raza, en marzo y abril de 2008.
En su recomendación 42/2009 el organismo detalló que el contagio se produjo como consecuencia de diversas acciones incorrectas y de omisiones en las que incurrieron los servidores públicos responsables de la atención médica brindada a los menores, así como el personal que labora en el servicio de aféresis y de transfusiones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de La Raza.
Pidió a las autoridades del instituto se otorgue a los afectados y sus padres la reparación del daño por el contagio de los niños agraviados, así como el apoyo sicológico y médico que puedan necesitar de por vida, para ayudar al restablecimiento de las mejores condiciones físicas y sicológicas posibles.
En un comunicado la CNDH precisó que el IMSS incumplió con lo establecido en el capítulo 17, inciso 17.11 de la NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, debido a que no fue registrada la fecha, hora de inicio y finalización de la transfusión, ni el nombre del médico que indicó la misma, ni del personal de salud encargado de su aplicación.
Igualmente se incumplió con lo dispuesto por el capítulo 15 de dicha norma oficial, en donde se establece que todas las unidades de sangre o de sus componentes para fines de transfusión halogénica deberán tener anotada en una etiqueta (entre otros requisitos), el resultado de pruebas de detección de enfermedades trasmisibles por transfusión, señaló.
Destacó que integró la queja CNDH/1/2008/3476/Q con los casos de dos menores, de 13 y 10 años, que acudieron a recibir transfusiones sanguíneas como parte de un tratamiento de anemia aplástica grave y leucemia aguda mieloblástica, respectivamente, así como un acta circunstanciada elaborada por su personal en el estado de México con base en una denuncia telefónica en la que se informó que un menor de edad, internado en ese mismo hospital, había sido infectado del virus de inmunodeficiencia humana.
Discriminación
En visitas de inspección, personal de la comisión detectó que uno de los menores fue exhibido por su condición de portador del VIH, lo que ocasionó actos de discriminación durante su estancia.
Además, el personal de La Raza continúa sin cumplir la normatividad, ya que el establecimiento carece de una licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, como establece la ley en la materia, lo que quedó asentado en el acta 08-AF-093158-V.
Se encontró, asimismo, que una de las unidades de plaquetoféresis había caducado y se tenía contemplada como lista para transfundir.

Presentan a otra sexoservidora sospechosa de participar en homicidio de luchadores

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal presentaron ante el Ministerio Público a Esperanza Ortiz Trejo, de 58 años, como una de las presuntas sexoservidoras relacionadas con el doble homicidio de los luchadores La Parkita y Espectrito Jr. ocurrido el pasado 29 de junio.
De acuerdo con la dependencia local, la captura de Ortiz Trejo se logró alrededor de las nueve de la mañana de este domingo luego de que comerciantes de la Plaza Santa Cecilia solicitaron el apoyo de los uniformados a quienes manifestaron que la identificaban como una de las mujeres que supuestamente estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas con los hermanos Alberto y Alejandro Jiménez Pérez el día que fallecieron.
Esperanza Ortiz, mejor conocida en la zona de Garibaldi como La Doña, y quien de acuerdo con versiones de algunas personas que la conocen, lleva más de 10 años ejerciendo el trabajo sexual en la zona de Garibaldi, fue detenida afuera del Hotel Emperador, ubicado en la calle de Honduras y la lateral del Eje Central Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, testigos señalaron que la detenida no tiene nada que ver con “La Gorda (la sexoservidora sospechosa de participar en el doble homicidio y que permanece prófuga); va a suceder lo mismo que lo del botellero y con las chavas del hotel que salieron en libertad”, manifestaron.
Por su parte, el Fiscal Central de Investigación para Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Alfredo Díaz Escobar, señaló que por el momento no se puede afirmar que se trate de La Gorda, sin embargo, será en las próximas 48 horas, después de realizar las indagaciones e investigaciones correspondientes, que la dependencia dará a conocer más detalles sobre la detención de Esperanza Ortiz, quien se encuentra en dicha fiscalía rindiendo su declaración para deslindar su probable responsabilidad en la muerte de los deportistas.

Yucatán: repudian ONG Ley de Protección a la Vida

Mérida, Yuc., 9 de agosto. Organizaciones civiles demandaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su similar de Yucatán (Codhey) impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto gubernamental que elevó a rango constitucional la Ley de Protección a la Vida.
Agrupaciones como Buenas Intenciones, Indignación, Oasis de San Juan de Dios, Padres y Madres por la Diversidad Sexual, Grupo Yucatán, Red de Personas Afectadas por VIH y Yucatrans, entre otras, dijeron que con la aprobación y publicación del decreto, el Congreso y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco elevaron la exclusión y el rechazo a rango constitucional.
En comunicado censuraron que la iniciativa promovida por conservadores y radicales, conlleve la prohibición de que “otras formas de relaciones humanas o de convivencia puedan equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas”.
La citada ley, surgida de la Red Pro Yucatán que aglutina varios grupos radicales y conservadores, fue aprobada por 24 de 25 diputados locales el primero de julio y publicada en el Diario Oficial del gobierno el 15 de ese mes, pero entró en vigor el viernes 7 de agosto.

Se inicia consulta en Querétaro sobre ley antiaborto; participan 52 organizaciones

Querétaro, Qro., 9 de agosto. Este lunes inicia la consulta pública de seis días en que se basará la saliente 55 Legislatura estatal –de mayoría panista– para decidir sobre la reforma constitucional acerca del momento que inicia la vida, si es desde la concepción, lo que se llama “ley antiaborto” en versión queretana.
En las audiencias no podrán debatir o expresar opinión alguna los diputados para evitar la confrontación, y entre las 52 agrupaciones que participarán figuran los Caballeros de Colón y el Movimiento a Favor de la Vida, junto a personajes como José Francisco Alcocer Aranda, director del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Diócesis de Querétaro.
También se inscribieron la Asociación de Sicólogos Católicos, Universidad Católica, Agrupación de Biotecistas, Red Familia de Querétaro y Centro Billing, junto a Equidad de Género, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Católicas por el Derecho a Decidir, Democracia y Sexualidad y la Asociación Nacional Cívica Mexicana, según el programa dado a conocer por el Congreso local.
Del total de participantes 29 representan intereses católicos o religiosos. Otras 21 defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y tras la consulta que transcurrirá del 10 al 17 de agosto (excepto el miércoles 12), los legisladores determinarán el sentido de su voto sobre el dictamen de reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sin embargo, los críticos dan por hecho que el proyecto de reformar el artículo 2 de la Constitución estatal –impulsado por el diputado panista Fernando Urbiola Ledesma– se aprobará, pues en la entrante legislatura el PAN sólo tendrá 11 de 25 diputados en comparación con los 16 actuales.

Alarmante, la situación de pobreza y exclusión de pueblos indios: OPSDH

No obstante que el Estado mexicano ha reconocido la pluriculturalidad del país y los derechos de los pueblos indígenas mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución de 2001, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre comunidades originarias y tribales, la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentran éstas se ha agravado de manera alarmante, advierte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH).
El organismo señaló que en México los pueblos autóctonos representan alrededor de 10 por ciento de la población total, hablan 68 lenguas nativas, más sus 364 variantes, y se concentran básicamente en ocho entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero.
Indicó que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los municipios donde los índices de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En este último se localiza el municipio con menor desarrollo humano del país, Cochoapa El Grande, y Chiapas está en el segundo lugar de pobreza.
A escala nacional, el ejercicio de los derechos básicos no está plenamente garantizado a la población indígena. En materia de educación, de las 6 millones 255 mil 35 personas en edad escolar, un millón 161 mil 64 (22.9 por ciento) tiene la primaria terminada y 967 mil 399 (18.6 por ciento) han concluido la secundaria.
Según cifras oficiales, 56 por ciento de los niños indígenas del país padece desnutrición y al menos 690 mil menores de cuatro años presentan graves problemas de desnutrición y estatura. La mortalidad infantil es mucho más frecuente en niños indígenas que en la población infantil promedio del país, señala el observatorio.
La realidad de pobreza que evidencian las cifras anteriores, dice, nos lleva a cuestionarnos por qué si, según el gobierno federal, uno de los objetivos de su mandato es “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para abatir la pobreza y garantizar los derechos básicos de las personas y las comunidades indígenas.
Una de las limitaciones principales y cuestiones pendientes que ha sido determinante para agravar la condición de los pueblos indígenas es la negación, por parte del Estado, a reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas tal y como se enmarcan en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas, resalta un análisis de ese observatorio.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) recordó que como pueblos no han sido reconocidos constitucionalmente los derechos a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales, o son ignorados o aplicados de un modo que no se respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales.
Destaca que la extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañan a menudo de actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios.
Frente a este legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación; por su derecho a recuperar sus tierras, al territorio y a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre las decisiones que los afectan y a participar en las decisiones y los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales.
Lamentablemente, denuncia AI, estas legítimas luchas por sus derechos son muchas veces violentamente reprimidas por los Estados, que deberían garantizar dichos derechos, y sus líderes muchas veces criminalizados. Este ciclo persistente de discriminación y exclusión social está arraigado en las sociedades y contribuye a que los responsables rara vez rindan cuenta por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos índígenas americanos.

Artículo de Laura Itzel Castillo e invitación de la Fundación Heberto Castillo‏

Hola a tod@s,

La Fundación Heberto Castillo Martínez A. C., en coordinación con el Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya y la Campaña Nacional "Sin maíz no hay país", presentarán el libro "México en la crisis alimentaria global".

Dicho libro recoge los trabajos presentados en el ciclo de mesas del mismo nombre, que tuvo lugar en agosto del año pasado.

Presentan: Luciano Concheiro
Arturo León
Yolanda Massieu

Modera: Armando Bartra.

La cita es el próximo juves 13 de agosto a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Veracruzano (Miguel Ángel de Quevedo 687, en Coyoacán).

Atte. Marina Villagómez Moreno. Fundación Heberto Castillo Martínez A. C., 55548278 y 56590894

P. D. Como cortesía la Fundación regalará, a las primeras 60 personas el libro "Las dos campañas", que fue editado en 2006.

CARTONES DE LA JORNADA